El Estado de Bienestar: ¿Una conquista de la clase obrera? · Los sindicatos obreros y el Estado capitalista

Es un lugar común considerar el Estado de Bienestar y todas las instituciones y mecanismos que se derivan de él como una conquista de la clase obrera, lograda al precio de grandes luchas y sacrificios. Estos párrafos, escritos en 1937 por el comunista belga J.B. Mélis y que forman parte de un artículo más extenso (Los sindicatos obreros y el Estado capitalista), nos ofrecen una visión completamente distinta de todo ese proceso, que, desplegándose en medio de la mayor crisis económica conocida, lejos de buscar el bienestar de la clase obrera trataba de “aniquilar las organizaciones proletarias, que suponían una amenaza directa para el régimen cuando las condiciones históricas las empujaban a romper el círculo de la acción puramente reivindicativa“. En esta primera parte se resume este proceso histórico mediante el cual la burguesía logró insertar las organizaciones sindicales en su mecanismo estatal, castrando su contenido clasista y su autonomía y convirtiéndolas en instrumentos al servicio de los patrones, bien mediante la violencia o con métodos democráticos. En una segunda parte se tratará la cuestión de la Seguridad Social y las prestaciones por desempleo.

Los sindicatos obreros y el Estado capitalista

[…] Bastará con recordar que ya en la etapa de crecimiento del sindicalismo –que en el continente coincidió con la fase imperialista inicial del Capitalismo, aun progresiva (último cuarto del siglo XIX)– los sindicatos contribuyeron a “equilibrar” las relaciones sociales, bajo la influencia de la teoría y la práctica “bersteiniana”, la cual, bajo la bandera de la “conquista gradual del socialismo” no pretendía más que conservar el Capitalismo “reformándolo”. El tradeunionismo inglés, con su gran “sentido práctico”, ya había abierto las puertas de la colaboración de clases en el régimen capitalista.

Adaptándose al triunfante tradeunionismo, la burguesía inglesa no hizo sino mostrar al joven Capitalismo europeo cuál era el medio de parar la amenaza que se dirigía contra las bases de la explotación burguesa, representada por la fundación de organizaciones de clase del proletariado. Éstas, en efecto, en su fase embrionaria, sin preocuparse ni de la “preparación” ni de los “problemas de las cajas”, sostenían numerosas huelgas “salvajes” que ejercitaban la combatividad de las masas, agudizaban su espíritu de clase, y todo esto a pesar de los numerosos fracasos y de la implacable represión, que más bien contribuía a mantener la efervescencia social: en Bélgica, podemos recordar las sangrientas huelgas de 1886 y la huelga de mineros de 1890.

Fue entonces cuando la Burguesía, apoyándose materialmente en la expansión económica y colonial, e ideológicamente en el oportunismo que empezaba a gangrenar el cuerpo del proletariado, logró encauzar las revueltas esporádicas de los obreros. Y así se asistió a este fenómeno aparentemente paradójico: el desarrollo paralelo del movimiento sindical, que respondía a una necesidad acuciante de la organización del proletariado, abría al mismo tiempo la puerta a la conquista de los sindicatos por la burocracia oportunista. El sindicato, que era un órgano fundamentalmente opuesto al sistema capitalista, se convirtió progresivamente en un engranaje de dicho sistema, se modificó el contenido de su actividad, y también su forma: los conflictos eran cada vez menos frecuentes si se los compara con el aumento de los afiliados, ¡una tendencia que se acentuó con esa idea de “ahorrarse” las huelgas, que eran “inútiles y dañinas” dado que los poderosos sindicatos podían tratar de “igual a igual” con la patronal! ¡Y con la cada vez más frecuente práctica de ligar la acción sindical a la suerte de las empresas capitalistas y subordinarla al “interés general”!

Por otra parte, el Capitalismo llegaba al final de su periodo “liberal”, el del “libre” desarrollo del individuo en el contexto de la sociedad burguesa, el que había desarrollado las instituciones democráticas, el que había tolerado el juego de las libertades sindicales mientras éstas se ejercieran no ya contra el Estado, sino bajo su control y con la ayuda de los dirigentes del Sindicalismo.

Con el comienzo de la fase decadente de la producción capitalista (nos referimos a los años anteriores a 1914), no sólo el movimiento sindical entra en un impasse desde el punto de vista de sus objetivos específicos –que se reducían a la simple defensa de las condiciones de vida conquistadas por los obreros– sino que se convierte en el objeto de los ataques del oportunismo, que cada vez estaba más comprometido con su política de garante de la explotación burguesa. Y así, al estallar el conflicto imperialista de 1914, no es sorprendente que el sindicalismo se pasara abiertamente con armas y equipo al otro lado de la barricada y que hayamos asistido a la primera experiencia de incorporación integral de las organizaciones sindicales a la economía de guerra del Capitalismo desatado.

Tras la guerra, bajo el empuje de la tensión clasista impulsada por Octubre de 1917, se planteó la alternativa: o bien los sindicatos dirigidos por la vanguardia comunista lograban superar sus objetivos específicos y se convertían en “órganos de la destrucción del Capitalismo” (II Congreso de la I.C.), o bien caerían bajo el dominio de las fuerzas burguesas y entonces estarían condenados a perecer o su existencia quedaría ligada al proceso de decadencia de la sociedad capitalista, transformándose en uno más de sus engranajes.

Sabemos que la quiebra del movimiento de la III Internacional nos ha llevado a la segunda alternativa. La suerte de los sindicatos, en cada país, se corresponde con las particularidades estructurales y las exigencias políticas de cada Estado capitalista.

Pero bien sea la violencia fascista la que ha destruido los sindicatos o bien hayan sido vaciados de su contenido de clase por el dominio democrático, el objetivo central del Capitalismo era aniquilar las organizaciones proletarias, que suponían una amenaza directa para el régimen cuando las condiciones históricas las empujaban a romper el círculo de la acción puramente reivindicativa.

En Italia y en Alemania, la agudeza de los contrastes sociales ponía particularmente en evidencia esta característica de la época de decadencia capitalista, por eso los sindicatos tuvieron que pasar bajo el rodillo de la reacción fascista.

Es cierto que en Italia, tras el ascenso del fascismo, las organizaciones obreras no desaparecieron total e inmediatamente, como sucedió en Alemania en 1933. Al principio su base estructural subsistió, mientras sus aspectos sociales se iban modificando a través de la fundación de la Confederación Sindical Fascista en 1922, la eliminación de los viejos dirigentes y su sustitución por los protegidos del Estado fascista. No fue hasta octubre de 1925, con los acuerdos de Vidoni entre la patronal y los “delegados sindicales”, cuando se ofreció a los sindicatos “legales” un estatuto (reconocimiento exclusivo de la “Confederación fascista”, supresión de los consejos de fábrica y del derecho de huelga) que se vio luego confirmado por la ley “Rocco” de abril de 1926 sobre la “reglamentación jurídica de la relaciones colectivas de trabajo”: el sindicato legal adquiría así el “monopolio” de la representación obrera y la capacidad de firmar convenios colectivos obligatorios para toda la corporación (lo que nos recuerda a la política sindical que despliega Roosevelt actualmente). En cambio, el sindicato “libre” (ilegal) caía inmediatamente bajo la amenaza de un Tribunal especial y el imperio de las leyes de excepción; el trabajo en la práctica se le daba a quien tuviera una carta sindical fascista.

Así fue como se levantó toda una pirámide de organismos jerarquizados aptos para lograr que se aceptara la “disciplina” de las reducciones salariales, que llegaron al 30-40%, las contribuciones “discrecionales” (sobre todo para la guerra de Etiopía), la intensificación del trabajo y el sometimiento de los “conflictos” al arbitraje supremo del Estado. Al mismo tiempo, las asociaciones patronales y obreras (que orgánicamente estaban separadas) quedaron ligadas por organismos llamados “corporativos”(?), en realidad instrumentos llamados a fusionar en un todo homogéneo los factores sociales de producción, haciendo de éste un proceso “armónico”(!) adaptado a las exigencias del “interés general”.

La Carta del Trabajo de abril de 1927; la ley de diciembre de 1928 que suprimía la Confederación General Fascista y transformaba sus 12 federaciones en confederaciones autónomas; la ley de marzo de 1930 que organizó el Consejo Nacional de las Corporaciones; y en fin la ley de febrero de 1934 que creó 22 Corporaciones nacionales, han sido los eslabones de esta cadena que, a través de estos órganos corporativos “sintéticos” (en realidad un aparato policial superpuesto a los sindicatos), ha logrado someter más estrechamente a los sindicatos a la voluntad del Estado y ahogar cualquier posibilidad de que se desencadenen huelgas.

Efectivamente el número de huelgas ha ido decreciendo hasta casi su completa desaparición hoy en día, lo que se explica no por la ausencia de reivindicaciones obreras, sino porque éstas no pueden romper las mallas de la red institucional que aprisiona al proletariado.

En Alemania, la transformación orgánica fue más brutal. Ni se crearon sindicatos fascistas ni órganos “corporativos” intermedios, como en Italia. La síntesis entre el sindicato y la “corporación”, es decir, la “fusión” de las clases, se consiguió directamente con una sola organización: el Frente de Trabajo, que englobaba a patrones y a obreros sobre una base territorial y profesional que estaba bajo el control directo del Estado fascista, que dirige la economía hacía la única salida que aún tiene abierta: el equipamiento totalitario para la guerra.

En la URSS, los sindicatos sufrieron igualmente una depuración para finalmente desaparecer prácticamente en el proceso de degeneración del aparato de la dictadura proletaria.

Ya conocemos la amplitud de las discusiones que se desarrollaron entre 1920 y 1921 en el seno del partido ruso sobre el papel de los sindicatos y su relación con el Estado proletario. Frente a la tesis de Trotsky, que decía que los sindicatos debían ser organismos estatales que aseguraran la disciplina del trabajo y la organización de la producción y que llegaba incluso a plantear su supresión, venció la otra tesis, la de Lenin, que partía de la constatación de que incluso después de la Revolución y de la colectivización de los medios de producción, el antagonismo entre el Estado y el proletariado aún seguía existiendo; por tanto, los obreros tenían perfecto derecho a defenderse contra su Estado y a apoyarse para esa tarea en los sindicatos, incluso se trataba de una cierta salvaguarda contra las “deformaciones burocráticas” de ese Estado.

Sabemos que la función de los sindicatos rusos se ejerció de manera inversa, y que bajo el signo del socialismo-nacional, fueron despojados del control de la dirección de las empresas, y así lejos de convertirse en órganos para la defensa de los obreros, les llevaron a “sacrificarse” por el cumplimiento de los planes quinquenales: en realidad para la edificación de una gigantesca maquinaria de guerra puesta al servicio del Capitalismo mundial.

Antes de pasar a abordar otro aspecto del dominio burgués, hay que señalar que las naciones democráticas: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica, etc., aunque disponen de infinitamente más recursos de todo tipo que las naciones “pobres”, no pueden escapar de los síntomas de degeneración de la decadencia capitalista. También su superestructura política y social sufre inevitablemente la presión incoercible del trasfondo económico que surge de la revuelta de las fuerzas productivas contra el modo capitalista de producción. También estos Estados burgueses tuvieron que doblegar la fuerza política del proletariado e impedir que se reconstituyera luego, partiendo el espinazo de clase a las organizaciones sindicales. Éstas podrían subsistir si se dejaban castrar todo su contenido proletario y si participaban en la reforma estructural del Capitalismo, que era una condición para la supervivencia anacrónica de éste último.

La tarea de los Estados democráticos se vio evidentemente facilitada por el hecho de que no se enfrentaban, como en Italia o Alemania, a un proletariado revolucionario que se planteaba abiertamente el problema del poder; podían por tanto sacar provecho de unas correlaciones de clase favorables, fruto de las particularidades de sus ambientes sociales y políticos. Esto explica por qué en Inglaterra, Francia, Bélgica o Estados Unidos las relaciones entre el sindicalismo obrero y el Estado se han ido construyendo mediante soluciones fragmentarias escalonadas en el tiempo, soluciones que la Burguesía trata hoy de coordinar y rematar. En todas partes estas soluciones han adquirido la forma de una progresiva y más o menos amplia incorporación, legal o semi-legal, de los sindicatos al mecanismo estatal, y esto no es algo precisamente reciente, como algunos podrían pensar. En Inglaterra, la ley de 1871 concedía a los sindicatos que se registraran ciertas ventajas jurídicas, que cuadraban muy bien con la política tradeunionista. Y recordemos la famosa ley, promulgada tras la huelga general de 1926, que revisó el estatuto financiero de los sindicatos (prohibición de imponer cotizaciones políticas) y tendía a prohibir las huelgas políticas y de solidaridad.

En Francia, la ley de 1884 (que se completó con la de 1927) obligaba a los sindicatos a presentar sus estatutos y los nombres de sus dirigentes y establecía su disolución en caso de infracción. Es cierto que estas medidas legales de “defensa social” dictadas por el Capitalismo adquirían importancia práctica únicamente en la medida en que las condiciones políticas permitían aplicarlas. Así pues, aunque la C.G.T se prohibió en 1921, no por ello dejó de existir. Sin embargo en 1936, tras el triunfo del Frente Popular, fue la propia C.G.T., sin ningún tipo de coerción jurídica, la que se incorporó democráticamente al Estado a través del mecanismo de las leyes sociales que instauraron las 40 horas, las vacaciones pagadas, el sistema de arbitraje jerárquico, así como su participación en el Consejo Nacional Económico. […]

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