La contradicción entre el carácter social de la producción y el carácter privado de la apropiación de sus resultados forma parte de la esencia misma del régimen capitalista y plantea, históricamente, sus límites y su condena. El capitalismo, a diferencia de los modos de producción anteriores, no puede producir de otra manera que no sea socialmente: ninguna mercancía moderna es ya obra de un solo productor aislado, sino el resultado de una división del trabajo mundial que entrelaza millones de trabajadores, multitud de empresas y países en un único proceso interdependiente. Sin embargo, el fruto de ese proceso colectivo termina siendo propiedad privada de un capital concreto, cuya única brújula es su ganancia particular, no la satisfacción planificada de las necesidades sociales que el desarrollo de la propia producción hace posible.

Esta contradicción se despliega y se desarrolla históricamente, a escala planetaria, bajo formas particulares. El capital, empujado por la competencia a buscar sin descanso mayores mercados, mano de obra más barata y nuevas fuentes de materias primas, tiende objetivamente a universalizar el proceso productivo, a tejer una malla cada vez más densa e interdependiente de cadenas de producción, flujos de capital e intercambio de mercancías que no reconoce fronteras. Pero ese impulso hacia la unificación económica del planeta choca, una y otra vez, con una realidad en la que el poder político permanece organizado en Estados nacionales separados, cada uno de los cuales protege los intereses de su propio capital nacional frente al resto, con sus fronteras, su moneda y sus fuerzas armadas. 

El imperialismo aparece, por tanto, no como una política más o menos agresiva de ciertos gobiernos, sino como una fase necesaria del propio desarrollo del capitalismo, en la que éste, sin posibilidad de expandirse indefinidamente sobre territorios vírgenes, se ve obligado a resolver mediante la fuerza el reparto del mercado mundial, que ya no basta para satisfacer a todos los capitales nacionales que compiten por él. Cuando la vía pacífica de la expansión comercial llega a su límite, los mismos instrumentos que en su momento sirvieron para integrar el mercado mundial –el crédito, la moneda, los aranceles, las alianzas– se convierten en armas de esa disputa, cuyo último desenlace es la guerra entre los propios Estados capitalistas. La guerra, por tanto, no es un mero accidente que interrumpa el curso normal de la acumulación, sino la forma extrema que tiene el capitalismo de resolver temporalmente las contradicciones inherentes a su propio sistema, destruyendo parte del capital y las fuerzas productivas acumuladas (entre ellas, la fuerza de trabajo).

Dentro de este marco, en el que la economía y la política chocan y se entrecruzan, el sistema monetario internacional no surge entonces como un mero mecanismo técnico para facilitar el comercio entre naciones, sino que es el terreno concreto, cambiante y en disputa permanente, en el que se expresa de manera más inmediata y tangible esa contradicción entre el carácter mundial de la economía y el carácter nacional de los Estados burgueses. La evolución histórica del sistema monetario internacional –desde el patrón oro clásico del siglo XIX, pasando por su restauración fallida en la época de entreguerras, el sistema de Bretton Woods posterior, hasta llegar al dinero puramente fiduciario surgido en 1971 y los más recientes acontecimientos contemporáneos– refleja los intentos de las distintas potencias dominantes de administrar, en su propio beneficio y bajo su propia dirección, la tensión entre la necesidad de un dinero mundial único que permita la circulación universal de las mercancías y la existencia de Estados nacionales rivales que se disputan el control de los mercados. Conocer cómo ha evolucionado ese sistema a lo largo del último siglo nos va a permitir situar en su contexto el desarrollo de los acontecimientos recientes, y comprenderlos mejor.

Antecedentes históricos

El patrón oro del siglo XIX y su primera crisis: la Primera Guerra Mundial

Durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta 1914, el mundo capitalista más desarrollado –con Gran Bretaña a la cabeza y Londres como centro financiero indiscutido– funcionó bajo un patrón oro clásico relativamente estable. Las principales monedas (la libra esterlina, el franco francés, el marco alemán y el dólar estadounidense) eran convertibles en oro a una paridad fija, y el comercio internacional se saldaba en última instancia mediante transferencias de metal entre los bancos centrales. Este sistema, hasta cierto punto resultado de la evolución «natural» del desarrollo histórico del comercio, no dejaba también de reflejar la posición predominante del imperialismo británico, que controlaba los principales flujos de capital, de materias primas y rutas comerciales del planeta, y que se beneficiaba, más que ningún otro país, de la estabilidad que el patrón oro proporcionaba a sus inversiones en el extranjero.

El sistema del «patrón oro» (gold standard) consistía en que el dinero de un país –sus billetes, sus monedas– era convertible en una cantidad determinada de oro a un precio fijo y garantizado por el Estado. Los billetes daban derecho, si el portador lo exigía, a canjearlos por oro en el banco emisor. Esa posibilidad de canje, aunque en la práctica muy poca gente la ejerciera, era la que disciplinaba todo el sistema: un banco central no podía imprimir billetes sin límite, porque tarde o temprano alguien acudiría a la ventanilla a pedir el oro correspondiente, y si no lo tenía, el sistema entero quebraba. El recurso a los expedientes monetarios por parte de los gobiernos y bancos centrales, pues, estaba seriamente limitado por el rígido mecanismo del patrón oro.

Desde el punto de vista de la economía marxista, el patrón oro únicamente refleja que toda mercancía tiene un valor de cambio, determinado por la cantidad de trabajo humano socialmente necesario para producirla, y el dinero –incluso en su forma más abstracta, un billete de papel– no es una excepción. El oro es una mercancía particular que por razones históricas y naturales (durabilidad, divisibilidad, escasez relativa, alto valor concentrado en poco volumen, relativa estabilidad de sus costes de producción) adquirió la función especial de medir el valor de todas las demás (equivalente general). Al decir que «una barra de pan cuesta una libra esterlina», en el fondo se estaba comparando la cantidad de trabajo social necesario para producir esa barra de pan con la cantidad de trabajo social necesario para producir una cierta cantidad de oro, expresada en una determinada moneda. El uso generalizado de los billetes bancarios como moneda, que se fue imponiendo durante la segunda mitad del siglo XIX –otorgando a los bancos centrales el monopolio de la emisión–, empezó a disimular esta relación. Y hoy en día, cuando hace más de cincuenta años que ninguna moneda es convertible en nada, medir en oro el valor de cambio de las mercancías parece que no tiene ningún sentido. Pero en el fondo siempre existe detrás una relación, cada vez más mediada, más oculta, pero real, entre el signo monetario y el trabajo social que ese signo pretende representar.

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) hizo saltar por los aires este equilibrio construido por Gran Bretaña, reflejando su pérdida relativa de poder en el tablero mundial frente a las potencias emergentes (Alemania y EE.UU.). Prácticamente todos los países beligerantes suspendieron la convertibilidad de su moneda en oro. La excepción fue Estados Unidos, que entró tarde en la contienda y que, además de no sufrir destrucción alguna en su propio territorio, vio cómo sus reservas de oro aumentaban enormemente entre 1913 y 1918 gracias a las ventas de material bélico a los aliados europeos. Estos, que necesitaban financiar un esfuerzo bélico sin precedentes, recurrieron masivamente a la emisión de billetes y deuda pública. En algunos países la circulación de billetes se multiplicó por ocho o por diez respecto a los niveles previos a la guerra. El resultado fue una inflación considerable en las naciones beligerantes y, sobre todo, la ruptura definitiva de la vieja unidad entre el dinero interior (el que usa la gente corriente para las compras cotidianas) y el dinero internacional (el que usan los Estados para pagarse entre sí).

En la Alemania derrotada, este proceso llegó a su paroxismo: incapaz de recurrir a créditos externos, como Francia o Gran Bretaña, y aplastada además por las reparaciones impuestas en el Tratado de Versalles, la República de Weimar financió su reconstrucción imprimiendo dinero sin respaldo alguno. El resultado fue la hiperinflación de 1923, un colapso monetario sin precedentes que viene a demostrar que cuando el Estado capitalista necesita desesperadamente recursos que la economía real ya no puede proporcionarle, la emisión monetaria sin límite se convierte en la única vía de escape, y el coste recae siempre sobre los asalariados y los pequeños ahorradores (cuyos salarios y ahorros se expresan en moneda corriente), mientras la gran industria, propietaria de mercancías y de deuda (que la inflación ayuda a saldar), sale del proceso incluso fortalecida. La hiperinflación prácticamente liquidó la deuda interna de Alemania, no así las reparaciones de guerra, ligadas a otro tipo de bienes y divisas extranjeras. 

El período de entreguerras: la restauración fallida y la Gran Depresión

Tras el caos monetario de la inmediata posguerra, a lo largo de los años veinte las principales potencias intentaron restaurar cierta disciplina monetaria basada en el oro. Pero ya no se trató de una vuelta al patrón oro clásico, sino de un sistema más frágil, conocido como «patrón cambio-oro» (gold exchange standard): sólo Estados Unidos y, en menor medida, Gran Bretaña mantenían oro físico en circulación o de reserva plena; el resto de países mantenía sus reservas no en oro, sino en libras o dólares, que a su vez eran teóricamente convertibles en oro. En cierto sentido, se trataba de un anticipo de lo que sería después Bretton Woods: un sistema «piramidal» en el que la base última seguía siendo el metal, aunque la mayor parte de las transacciones internacionales se resolvían ya con papel.

Este sistema se derrumbó con la Gran Depresión que siguió al crac de Wall Street de 1929. La caída generalizada de los precios hizo intolerable el peso de las deudas contraídas en la época de «prosperidad» de los años veinte. El comercio mundial se redujo a menos de dos tercios de su volumen entre 1929 y 1934, y su valor en oro cayó a apenas un tercio del nivel de aquel año. Quienes se endeudaron cuando los precios eran altos se veían obligados a devolver el préstamo, con los precios ya hundidos, entregando una cantidad que representaba un poder de compra mucho mayor que el recibido originalmente. Ante esta situación, los países fueron abandonando uno tras otro la convertibilidad en oro: Gran Bretaña en 1931, arrastrando tras de sí a buena parte de su imperio y a los países escandinavos; Estados Unidos en 1933-34, cuando el gobierno de Roosevelt devaluó el dólar de 20.67 a 35 dólares la onza de oro –una devaluación de en torno al 40 %– como parte del New Deal; Francia, Bélgica, Suiza y los demás países del llamado «Bloque del Oro», que resistieron más tiempo, se vieron finalmente forzados a devaluar también (Francia en 1936).

Cada devaluación era, básicamente, un intento de trasladar a otros países el peso de la propia crisis: al abaratar la moneda propia, la burguesía de un determinado país conseguía vender sus mercancías más baratas en el mercado mundial (ganando una «prima» a la exportación) a costa de sus rivales, que veían cómo sus propias exportaciones perdían competitividad y, tarde o temprano,  se veían obligados a devaluar ellos también para no quedar rezagados. Lógicamente, el precio de la fuerza de trabajo nacional se devaluaba en la misma proporción que el resto de mercancías. 

A esto se sumó una oleada de proteccionismo arancelario –la ley Smoot-Hawley de 1930 en Estados Unidos es un ejemplo paradigmático– que fragmentó el comercio mundial en bloques cada vez más cerrados: el bloque de la libra esterlina (acuerdos de Ottawa, en 1932), que hacia mediados de los años treinta agrupaba ya a medio centenar de países que ataban su moneda a la de Londres; el bloque del dólar; el bloque del oro; y más tarde la esfera de coprosperidad que Japón y Alemania intentarían construir por la fuerza. La disputa monetaria de los años treinta –devaluaciones competitivas, control de cambios, aranceles, cupos de importación– fue la forma concreta que adoptó la rivalidad entre los distintos imperialismos por repartirse un mercado mundial que ya no crecía lo suficiente para satisfacer a todos. Y como es sabido, desembocó en la Segunda Guerra Mundial.

Bretton Woods (1944): segundo intento de disciplina, bajo mando norteamericano

En julio de 1944, cuando la guerra aún estaba en curso pero su desenlace era ya previsible, representantes de 44 países aliados se reunieron en Bretton Woods (New Hampshire, EE.UU.) para diseñar el sistema monetario que se implantaría en la posguerra. La delegación norteamericana impuso una solución que consagraba la posición de fuerza que Estados Unidos había alcanzado tras la guerra: en 1944 ese país poseía cerca de dos tercios de las reservas mundiales de oro y había arrebatado definitivamente la supremacía industrial a Inglaterra.

El sistema resultante, conocido como Bretton Woods, funcionaba así: el dólar estadounidense quedaba anclado al oro a razón de 35 dólares por onza (31 gramos aproximadamente), y el único banco central del mundo que garantizaba el canje de dólares por oro a esa paridad frente a otros gobiernos y bancos centrales extranjeros (no frente al ciudadano particular) era el norteamericano. El resto de monedas del mundo, a su vez, fijaban una paridad estable frente al dólar, con un margen de fluctuación muy estrecho, en torno al 1 %. Se crearon además dos instituciones nuevas para administrar el sistema: el Fondo Monetario Internacional, encargado de vigilar los tipos de cambio y de prestar reservas a los países con problemas puntuales de balanza de pagos, y el Banco Mundial, inicialmente pensado para la reconstrucción europea y posteriormente reorientado hacia el «desarrollo» del llamado «Tercer Mundo».

Hablando con propiedad, Bretton Woods no era un patrón oro clásico, sino lo que se conoce técnicamente como un patrón cambio-oro, sólo que ahora con el dólar, y no la libra, como intermediario único entre el oro y el resto de las monedas del planeta. Este diseño llevaba en su seno una contradicción que el economista belga Robert Triffin identificó ya en 1960 y que se conoce como el «dilema de Triffin»: para que el resto del mundo dispusiera de suficientes dólares con que comerciar y acumular reservas, Estados Unidos tenía que mantener déficits persistentes en su balanza de pagos, es decir, tenía que «exportar» dólares al resto del mundo, gastando y prestando más de lo que ingresaba. Pero cuantos más dólares circulaban fuera de sus fronteras, más difícil resultaba, en teoría, que el Tesoro estadounidense pudiera respaldarlos todos con el oro que decía poseer. En otras palabras, el sistema sólo podía sostenerse mientras nadie pusiera a prueba, a gran escala, la promesa de convertibilidad sobre la que descansaba.

El «shock Nixon» de 1971: abandono del patrón oro

Durante los años sesenta, esa promesa empezó a resultar cada vez más insostenible. El gasto militar de la Guerra de Vietnam, los programas sociales de la «Gran Sociedad» de Lyndon Johnson y el propio crecimiento del comercio mundial hicieron que la cantidad de dólares en manos de gobiernos y bancos centrales extranjeros creciera muy por encima del oro que Estados Unidos realmente poseía para respaldarlos. Varios países –Francia, con el general De Gaulle a la cabeza, de manera particular– empezaron a canjear sus dólares por oro físico, retirándolo de las bóvedas de Fort Knox. La sangría de reservas de oro estadounidenses se hizo insostenible.

El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon anunció, en un discurso televisado, la suspensión indefinida de la convertibilidad del dólar en oro. La medida, conocida desde entonces como el «shock Nixon» o «cierre de la ventanilla del oro» (closing the gold window), no fue negociada con los aliados de Estados Unidos ni con el resto de instituciones de Bretton Woods. Fue una decisión unilateral tomada para proteger los intereses norteamericanos y que en la práctica liquidaba de un plumazo el sistema que Washington había diseñado en 1944. Desde ese momento –formalizado unos meses después mediante una pequeña devaluación adicional del dólar y ratificado definitivamente en 1973, cuando las principales monedas empezaron a «flotar» libremente entre sí, sin ninguna paridad fija–, ningún Estado del mundo garantiza la conversión de su signo monetario, ni en oro ni en ninguna otra mercancía específica. Por primera vez en la historia del capitalismo moderno el planeta entero pasó a funcionar con dinero puramente fiduciario: papel, o más tarde cifras en una pantalla, cuyo valor no descansa en ningún respaldo metálico, sino únicamente en la «confianza». Como veremos, a la postre descansa sobre la fuerza política y militar.

Conviene subrayar que 1971 no supuso un cambio drástico. El oro llevaba décadas retirándose de la circulación. Lo que sucedió en 1971 fue que se eliminó el último punto de contacto formal, reservado a las relaciones entre Estados, entre el signo monetario y la mercancía que históricamente lo había respaldado. En ese sentido, fue el desenlace lógico de una tendencia que venía de mucho antes, no una ruptura.

Un vacío a llenar: ¿cómo se sostiene el dólar sin el oro?

Aquí conviene detenerse en una cuestión importante: si el dólar –y, tras él, todas las demás monedas– ya no representa una cantidad fija de oro, ¿qué es lo que garantiza que la gente siga aceptándolo a cambio de mercancías reales? ¿Qué impide que un billete de cien dólares se convierta, de la noche a la mañana, en un simple trozo de papel sin ningún valor?

A este respecto, hay que oponerse a dos interpretaciones. La primera es pensar que, desde 1971, el dinero es una convención puramente social, un acuerdo arbitrario sin ninguna relación con el trabajo humano y la producción real, idea muy extendida en ciertas corrientes económicas contemporáneas, que hablan del dinero moderno como si fuera un simple «invento» de los Estados (la llamada Teoría Monetaria Moderna y sus derivados). La segunda, opuesta, es aferrarse literalmente al oro como si fuera intrínsecamente necesario, y tratar el sistema actual como una especie de anomalía histórica condenada, tarde o temprano, a retornar a un patrón metálico.

Lo esencial no es el metal en sí, sino la relación que ese metal materializaba. Cualquier signo que pretenda funcionar como dinero tiene que representar, aunque sea de manera cada vez más indirecta y oculta, una cierta cantidad de trabajo social ya realizado en la producción de mercancías reales. La función del oro no se debía a que tuviera propiedades mágicas, sino simplemente a que es una mercancía más, el producto de un trabajo de extracción y refinado cuyo coste permanece relativamente estable en el tiempo, lo que lo convierte en un patrón de medida fiable. Cuando ese anclaje desaparece formalmente, no desaparece la ley de fondo. El dinero sigue teniendo que representar valor real, o su poder de compra se derrumba. Lo que desaparece es el mecanismo automático de corrección que el oro proporcionaba. Antes de 1971, si un banco central emitía demasiados billetes, el exceso se manifestaba con relativa rapidez en la pérdida de sus reservas de oro, un límite físico, tangible, difícil de ocultar. Después de 1971, ese «termómetro» desaparece: la única forma de comprobar si una moneda representa o no la cantidad de trabajo social que dice representar es a posteriori, mediante su poder de compra real frente a la masa de mercancías, es decir, mediante la inflación misma, medida ya sin ninguna referencia exterior al propio sistema de precios que hay que explicar. Al oscurecer aún más la noción de valor, añadiendo, por así decir, una nueva capa de abstracción, el abandono del patrón oro ofrece a los gobiernos mayor margen de maniobra para llevar a cabo sus expedientes monetarios y permite, hasta cierto punto, diluir sus consecuencias, al menos durante un tiempo. 

La respuesta histórica a la pregunta de cómo sostener el dólar sin el oro llegó apenas tres años después del shock de Nixon: el sistema de los «petrodólares». Roto el vínculo con el oro, Washington necesitaba con urgencia preservar la función del dólar como dinero mundial. Tras la crisis del petróleo de 1973, en la que los países árabes productores impusieron un embargo a Estados Unidos y a otros aliados de Israel y el precio del crudo se multiplicó por cuatro en pocos meses, el gobierno norteamericano –con el secretario de Estado Henry Kissinger y el secretario del Tesoro William Simon a la cabeza– negoció con Arabia Saudí, y a través de ella con el resto de la OPEP, un acuerdo por el que los productores de petróleo se comprometían a seguir facturando su crudo exclusivamente en dólares, y a reinvertir buena parte de sus ingresos excedentarios en activos y deuda pública estadounidenses, a cambio de garantías de protección militar y de cooperación económica y armamentística. El resultado es que, durante medio siglo, prácticamente todo el comercio mundial de petróleo se ha facturado en dólares, obligando a cualquier país que necesite importar crudo a procurarse antes esa divisa, y generando así una demanda estructural y permanente de moneda estadounidense muy por encima de lo que el peso relativo de la propia economía de Estados Unidos justificaría.

Dicho en otros términos: el «equivalente general» –la mercancía especial en la que todas las demás miden su valor– no desapareció en 1971, sino que se desplazó. Dejó de ser una mercancía atesorable por cualquiera, el oro, para convertirse en un signo de valor que garantiza el acceso a la mercancía energética por excelencia, el petróleo, y que no está respaldado por ningún metal, sino por la capacidad militar y política de un único Estado imperialista para imponer las condiciones de acceso a dicho recurso a escala mundial. En la práctica el dólar siguió funcionando como dinero mundial –hoy sigue representando en torno al 58 % de las reservas declaradas de los bancos centrales del planeta, muy por delante del euro (20 %) o del renminbi chino (apenas un 2 %)–, pero ya no por su relación con el metal, sino en buena parte debido a la coerción. 

Este desplazamiento de las fuentes del dominio estadounidense, de la esfera económica industrial a la cruda coerción política, no es un detalle sin importancia. Se trata del primer indicio, todavía disimulado por el enorme margen de maniobra que Estados Unidos conservaba en los años setenta, de una lógica que se desplegará cada vez con más fuerza en las siguientes décadas. Cuando la base material de la hegemonía empieza a resultar insuficiente, la potencia dominante no se retira ordenadamente, sino que sustituye, poco a poco, la ventaja que le aporta la propia supremacía industrial y económica por la imposición política directa. 

Los precios desde 1971: tres fases de un mismo experimento

Primera fase (1971-1982): la inflación abierta. 

Sin ningún ancla exterior que lo disciplinara, la primera reacción del sistema monetario mundial fue exactamente la que cabía esperar según la vieja ley de la circulación monetaria: cuando la emisión de signos monetarios se desborda respecto a las necesidades reales del intercambio de mercancías, el resultado es la subida generalizada de los precios. A esto se sumaron los dos choques petroleros de la década –el embargo árabe de 1973 y la revolución iraní de 1979–, que encarecieron de golpe el producto básico de toda la producción industrial. El resultado fue la llamada «estanflación»: inflación de dos dígitos combinada con estancamiento económico y desempleo elevado, un fenómeno que la teoría económica dominante de la época –que suponía que más inflación siempre venía acompañada de más crecimiento y más empleo– fue incapaz de explicar satisfactoriamente. La inflación estadounidense llegó a un máximo del 14.8 % interanual en marzo de 1980.

La respuesta fue una de las operaciones de «deflación» más duras de la historia económica contemporánea: a partir de 1979, el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, elevó el tipo de interés de referencia hasta un máximo del 19-20 % en 1981, provocando deliberadamente una profunda recesión –el desempleo estadounidense llegó al 10.8 % a finales de 1982– con el objetivo explícito de «romper» las expectativas de inflación futura, aunque el coste inmediato fuera aplastar el poder adquisitivo de los salarios y desatar, como efecto colateral, una oleada de crisis de deuda soberana en América del Sur, donde muchos países que habían contraído empréstitos en dólares vieron cómo éstos se encarecían de manera inasumible. Es la misma lógica de fondo a la que obedecieron las políticas de «estabilización» de los años veinte y treinta: restablecer la disciplina monetaria trasladando el coste, casi en su totalidad, sobre los salarios reales y las economías más débiles y periféricas del sistema mundial, sólo que ahora sin ningún oro que defender, sino tan solo la credibilidad del propio signo monetario.

Segunda fase (1982-2008): la «Gran Moderación» y el desplazamiento hacia los activos. 

Domada la inflación de los precios al consumo mediante la disciplina salarial y la recesión, se abrió un período de más de dos décadas –bautizado por algunos economistas como la «Gran Moderación»– en el que la inflación de bienes de consumo se mantuvo relativamente contenida en las principales economías desarrolladas. A ello contribuyó de manera decisiva la incorporación de China a la economía mundial, formalizada con su entrada en la Organización Mundial del Comercio en 2001, que inundó el mercado mundial de manufacturas producidas con mano de obra mucho más barata, ejerciendo una presión bajista estructural y persistente sobre los precios industriales de todo el planeta. Al mismo tiempo, la masa creciente de dinero-crédito generada por el sistema bancario y financiero –cada vez más desregulado tras las sucesivas oleadas de liberalización financiera de los años ochenta y noventa– dejó de traducirse en inflación de bienes de consumo para concentrarse en la inflación de los precios de los activos financieros e inmobiliarios: bolsas, vivienda, deuda corporativa. El dinero-crédito circula sobre todo dentro de la esfera de los títulos financieros, y sólo de manera indirecta –y a menudo tardía– dentro de la esfera de la producción y el consumo real.

Tercera fase (2008 hasta hoy): los límites del nuevo mecanismo. 

La crisis financiera de 2008 llevó ese movimiento a su extremo, con la generalización de la llamada «flexibilización cuantitativa» (quantitative easing, QE): la compra masiva de deuda pública y de otros activos financieros por parte de los principales bancos centrales del mundo, que multiplicaron sus balances. Durante más de una década, esta enorme creación de dinero-crédito convivió con una inflación de bienes de consumo persistentemente baja, lo que llevó a muchos analistas a dar por definitivamente roto el vínculo entre masa monetaria e inflación. La experiencia de 2021-2023, como veremos, demostraría que ese desacoplamiento no era permanente, sino coyuntural: en cuanto una crisis real de la producción (la pandemia, y después la guerra de Ucrania) volvió a introducir un choque de oferta en la economía mundial, toda la potencia inflacionista acumulada durante quince años de expansión ininterrumpida de los balances de los bancos centrales halló, finalmente, un canal directo de transmisión hacia los precios de los bienes ordinarios, con máximos de inflación interanual del 9.1 % en Estados Unidos (junio de 2022) y del 10.6 % en la eurozona (octubre de 2022). Este periodo reciente se trata con más detalle a continuación.

El mundo actual

El decenio prestado: de 2008 a la pandemia

La «Gran Recesión» de 2008 reclamaba un saneamiento que la burguesía occidental se negó a llevar a cabo. En las crisis clásicas, la destrucción masiva de capital –quiebras, liquidaciones, caída de los precios de los activos hasta su valor real– restablece las bases para la acumulación siguiente, al precio de enormes costes sociales. En 2008, en cambio, los bancos centrales de las principales potencias optaron por impedir esa destrucción: rescataron a los bancos, bajaron los tipos de interés a cero y, cuando ese instrumento mostró sus límites, recurrieron a la compra masiva de activos, la llamada «flexibilización cuantitativa» (QE). La Reserva Federal estadounidense multiplicó su balance, que pasó de poco más de 900.000 millones de dólares antes de la crisis a cerca de 4.5 billones hacia 2015, y a más de 8.9 billones en su pico de 2022 tras la respuesta a la pandemia. El Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra siguieron trayectorias similares. Se trató de un nuevo recurso al viejo mecanismo del crédito, pero esta vez no para financiar la expansión de la producción, sino para impedir la contracción del capital. 

Ni que decir tiene que este expediente sólo lo pueden llevar a cabo determinados países, las potencias dominantes, pues cualquier país del montón que intente un ardid semejante corre el riesgo de ver cómo se descompone su economía nacional. Es un expediente que sólo pueden poner en práctica los más fuertes, si bien a costa de la pérdida de confianza del resto de sus socios comerciales. No por casualidad los bancos centrales del mundo, que llevaban dos décadas siendo vendedores netos de oro, empezaron en ésta época a convertirse en compradores netos: una primera señal, todavía tímida, de que una parte del sistema mundial empezaba a desconfiar de que la solvencia del dólar pudiera sostenerse indefinidamente mediante la mera expansión del crédito. El precio del oro se duplicó entre la crisis del 2008 y la pandemia.

El resultado de ese decenio (2009-2019) fue una paradoja que desconcertó a los propios economistas burgueses: una masa de liquidez sin precedentes que no se tradujo en inflación de los precios al consumo –que se mantuvo por debajo del objetivo del 2 % en la mayoría de las economías desarrolladas durante casi toda la década–, sino en la inflación de los precios de los activos: bolsas, inmuebles y deuda corporativa. No hay aquí ningún misterio si partimos de la perspectiva marxista de la circulación monetaria: el dinero-crédito creado por los bancos centrales no entró en la esfera de la circulación de mercancías, donde habría presionado los precios al alza, sino que quedó atrapado en la esfera de la circulación de títulos, donde compra y venta de papel no hacen sino desplazar la propiedad de una plusvalía ya producida, o meramente anticipada, sin crear valor nuevo. El QE fue una gigantesca operación de transferencia de riqueza hacia los propietarios de activos financieros.

Mientras tanto, la economía «real» permanecía convaleciente: en la mayoría de los países del G7 el crecimiento de la productividad se redujo a menos de la mitad del ritmo correspondiente a las tres décadas anteriores, la inversión productiva crecía muy por debajo de la financiera, y los salarios reales apenas se movían. La composición orgánica del capital –esa relación entre capital constante y capital variable cuyo aumento tendencial Marx identificó como la raíz última de la caída de la tasa de ganancia– seguía elevándose sin que la masa de plusvalía extraída bastara para compensarla. La «recuperación» de la década de 2010 fue, en ese sentido, la más lenta y desigual desde la posguerra: el capitalismo, que ya no podía valorizarse suficientemente en la producción, se refugiaba en la especulación, acumulando al mismo tiempo una deuda pública y privada que, lejos de ser un accidente fruto de la mala gestión, era necesaria para su propia supervivencia.

La pandemia: el Estado como comprador en última instancia

En 2020, la pandemia de covid-19 hizo lo que ninguna crisis «puramente económica» había logrado desde 1945: detener de golpe, por decreto, franjas enteras de la producción mundial. El comercio mundial de mercancías cayó cerca de un 5 % en volumen ese año y la producción industrial global se contrajo con una brusquedad sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Conviene resistir la tentación de leer el confinamiento como una decisión puramente sanitaria, ajena a la lógica del capital. Lo cierto es que la paralización productiva llegó en un momento en que el ciclo de acumulación mundial daba ya, desde 2019, claras señales de agotamiento –desaceleración del comercio internacional, guerra arancelaria sino-norteamericana ya iniciada, caída de la inversión–, y el propio Estado capitalista utilizó la pausa para operar, bajo cobertura sanitaria, una selección brutal: cerraron sobre todo las empresas más pequeñas y menos capitalizadas, mientras el gran capital, sostenido por préstamos estatales garantizados y compras de activos de los bancos centrales, salía de la crisis más concentrado que antes.

La respuesta a la pandemia adquirió los rasgos de una auténtica economía de guerra: cierre de fronteras al movimiento de mercancías y de fuerza de trabajo, reconversión industrial (fábricas de automóviles produciendo respiradores), racionamiento de facto de ciertos bienes y, sobre todo, un gasto público y una emisión de moneda que no tuvieron precedente ni siquiera en las movilizaciones bélicas del siglo XX, y todo ello en tiempos de paz. El FMI cifró el estímulo fiscal global desplegado en 2020-2021 en unos 17 billones de dólares. En Estados Unidos los paquetes de ayuda directa a hogares y empresas superaron los 5 billones de dólares. Los Estados «crearon» directamente poder adquisitivo –los cheques a los hogares en Estados Unidos, los ERTE y sus equivalentes en Europa– para sostener un poder de compra ficticio y que, al reabrir la economía, el mercado no se hundiera bajo sus propios pies.

Fue, en sentido estricto, una expropiación diferida al proletariado y la pequeña burguesía en beneficio del capital financiero y disfrazada de generosidad estatal: los balances de los bancos centrales se hincharon con activos comprados a precios artificialmente sostenidos, mientras la deuda pública contraída para financiar la parálisis quedaba, como siempre, hipotecando el trabajo futuro de las masas asalariadas. La deuda global, que rondaba el 226 % del PIB mundial antes de la pandemia, saltó a un máximo histórico cercano al 360 % del PIB mundial en 2020, el mayor salto anual jamás registrado en tiempos de paz.

La inflación de 2021-2023: el retorno de la vieja disputa

Cuando los precios empezaron a subir con fuerza a partir de mediados de 2021, el debate entre los economistas reprodujo la vieja disputa entre la «teoría cuantitativa» del dinero y la clásica ley de la circulación monetaria. Por un lado, los bancos centrales y buena parte de la prensa económica atribuyeron la subida de precios al «exceso» de dinero inyectado durante la pandemia: demasiada masa monetaria persiguiendo una cantidad determinada de mercancías. Por otro, ciertos economistas –y también los informes económicos de las grandes corporaciones– hablaron abiertamente de «inflación de beneficios» (greedflation): el aprovechamiento, por parte de determinados sectores con poder de mercado (energía, alimentación, logística), de los cuellos de botella en las cadenas de suministro para ensanchar sus márgenes muy por encima del encarecimiento real de sus costes. El propio boletín económico del Banco Central Europeo reconoció en 2023 que, en la eurozona, los márgenes empresariales habían sido un motor de la inflación al menos tan importante como los salarios.

Ambas explicaciones, tomadas por separado, son insuficientes, y la teoría marxista de la moneda permite integrarlas sin hacer concesiones a ninguna: el dinero emitido durante la pandemia no «causó» la inflación únicamente por su cantidad, sino que proporcionó el vehículo monetario para que una crisis real de la producción –la brutal desorganización de las cadenas globales de valor, la escasez de determinados productos básicos, el choque energético provocado después por la guerra de Ucrania– se tradujera en una subida generalizada de los precios y no en una simple parálisis. Y esa subida de los precios no afectó por igual a todas las clases: mientras los salarios reales caían en casi todas las economías desarrolladas –el poder adquisitivo medio de los salarios aún se mantiene por debajo de su nivel de 2021 en muchos países europeos–, los beneficios empresariales, sobre todo en energía y en la gran distribución, alcanzaron máximos históricos. La inflación de 2021-2023 fue, principalmente, un mecanismo de redistribución de la renta desde el trabajo hacia el capital.

La respuesta de los bancos centrales –subir agresivamente los tipos de interés a partir de 2022, hasta el 5.25-5.50 % en Estados Unidos y el 4 % en la eurozona en sus máximos– reprodujo, a su vez, la vieja política de deflación: comprimir la demanda, encarecer el crédito, provocar deliberadamente una desaceleración –y en la periferia del sistema mundial, auténticas crisis de deuda soberana– para restablecer el «equilibrio» entre costes y precios sin tocar, por supuesto, ni la estructura de la propiedad ni la tasa de explotación. El coste de esa deflación, exactamente como en los años treinta, no lo pagó el capital financiero, sino el asalariado hipotecado, el pequeño deudor y, en el plano internacional, los países endeudados en dólares y euros, obligados a pagar intereses crecientes sobre una deuda cuyo valor real se disparaba mientras sus exportaciones se abarataban.

Ucrania, Gaza y el retorno de una auténtica economía de guerra

Si la pandemia obligó al capital a improvisar una economía de guerra sin guerra, la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 devolvió a esta expresión su sentido literal. Las sanciones occidentales contra Rusia –congelación de cerca de 300.000 millones de dólares en reservas del banco central ruso, expulsión de buena parte de la banca rusa del sistema interbancario SWIFT, embargo energético progresivo– constituyeron el experimento más importante desde 1945 de utilización del sistema monetario internacional como arma directa entre imperialismos rivales. Por decisión política, se impidió a un Estado rival disponer de su propia riqueza acumulada en divisas extranjeras. Este episodio empujó a China, Rusia, la India y otras potencias a acelerar la construcción de sistemas de pago alternativos y a diversificar sus reservas hacia el oro: los bancos centrales del mundo compraron más de 1.000 toneladas de oro tanto en 2022 como en 2023 y 2024, el ritmo más alto desde que existen registros comparables. El viejo «equivalente general», por lo que se ve, sigue siendo la única forma en que se concreta la «riqueza abstracta» cuando el sistema crediticio se tensa hasta el límite. El precio del oro se ha triplicado desde la pandemia. 

El bloqueo energético que siguió a la invasión –el corte del gas ruso a Europa, la reorientación forzada hacia el gas licuado norteamericano y catarí, el tope al precio del petróleo ruso– ha revelado con una crudeza pocas veces vista desde la crisis del petróleo de 1973 que el «libre mercado mundial» de materias primas energéticas es, y siempre ha sido, un campo de batalla imperialista. Los precios mayoristas del gas en Europa llegaron a multiplicarse por más de diez respecto a su nivel pre pandemia en el verano de 2022, golpeando a la industria alemana, columna vertebral de la economía europea, y acelerando un proceso de desindustrialización ya en marcha. El capital financiero, lejos de sufrir con ello, encontró en las grandes petroleras y en la industria armamentística un nuevo y espléndido campo de valorización. El gasto militar mundial se ha disparado, de 2.443.000 millones de dólares en 2023 (un 6,8 % más que el año anterior, el mayor incremento desde 2009) a 2.718.000 millones en 2024 (un 9,4 % más, la subida interanual más pronunciada desde el fin de la Guerra Fría), según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI). En 2025 el gasto se cifra en 2.887.000 millones, una subida más modesta que obedece a los recortes de la ayuda militar exterior de EE.UU. (en Europa la subida interanual ha sido del 14 %). 

A ello se ha sumado, desde octubre de 2023, la masacre en Gaza y la escalada regional en Oriente Próximo, que no sólo ha añadido una nueva prima de riesgo geopolítico a los precios del petróleo y al tráfico marítimo por el mar Rojo, sino que ha confirmado que la industria del armamento constituye hoy uno de los pocos sectores de la economía mundial en franca expansión. Cuando la producción civil ya no ofrece salidas suficientes a la masa de capital acumulado, el gasto en destrucción –el «consumo destructivo» que ya caracterizaba las economías de guerra en las dos contiendas mundiales– se convierte en uno de los pocos mercados verdaderamente «seguros» que le quedan al capital, pues son los propios Estados capitalistas los que garantizan la compra.

El fin de la globalización y la guerra arancelaria

El tercer gran vector de la economía mundial reciente es la ruptura, todavía en curso, del ciclo de globalización comercial que había dominado desde los años noventa. La guerra arancelaria iniciada por Washington contra Pekín en 2018, lejos de haberse resuelto, se ha intensificado en sucesivas oleadas hasta convertirse en un auténtico proyecto de «desacoplamiento» (decoupling): restricciones a la exportación de semiconductores avanzados, control de las cadenas de suministro de tierras raras, subvenciones masivas –más de 50.000 millones de dólares sólo en la ley estadounidense CHIPS Act de 2022– para «repatriar» la producción de chips y de baterías, y aranceles generalizados que en 2025 llevaron el arancel medio efectivo de Estados Unidos sobre las importaciones chinas a niveles no vistos desde los años treinta, afectando en oleadas sucesivas no sólo a China, sino también a aliados formales de Washington.

Para las economías imperialistas, una vez más, ya no se trata tanto de desarrollar sus mercados exteriores como de conservar y proteger los que ya tienen; la «libre» competencia internacional –que nunca fue libre– se ha quedado anticuada. Es el mismo «nacionalismo económico» que fragmentó el mercado mundial en bloques monetarios rivales en los años treinta, sólo que sustituyendo la devaluación competitiva por el arancel y el control de exportaciones, y el bloque de la libra o el bloque del oro por la esfera de influencia del dólar o de China: fragmentación del mercado mundial en bloques regionales rivales, sustitución del criterio de eficiencia productiva por el de «seguridad» geopolítica en el diseño de las cadenas de suministro (el llamado friend-shoring) y utilización sistemática del comercio como instrumento de la lucha interimperialista. El capitalismo, que en las pasadas décadas ha tendido objetivamente a unificar el mercado mundial hasta niveles nunca antes vistos, se ve hoy obligado a desandar ese camino, sacrificando la eficiencia productiva global –y, con ella, una parte de la propia masa de plusvalía disponible– en el altar de la seguridad nacional de cada bloque imperialista. El FMI ha estimado que una fragmentación económica severa podría restar entre un 2 % y un 7 % del PIB mundial a largo plazo, cifra que ya de por sí revela la enorme riqueza que el propio sistema está dispuesto a sacrificar para sobrevivir.

Que esta fragmentación se presente, en el discurso de sus artífices, como «reindustrialización» o como «autonomía estratégica», es lo de menos: se trata de una respuesta a la imposibilidad de seguir ampliando la base del mercado mundial en las condiciones actuales de la acumulación, y el coste, como siempre, recaerá sobre el consumo popular –encarecido por los aranceles– y sobre la clase obrera de los países «perdedores» en cada reconfiguración de las cadenas productivas.

La montaña de deuda y el capital ficticio

Ningún análisis de la economía mundial reciente puede eludir la cuestión de la deuda, que alcanzó un máximo histórico de unos 348 billones de dólares a finales de 2025 –en torno al 305 % del PIB mundial, con la deuda pública superando ya los 106 billones–, según el Instituto de Finanzas Internacionales. La función específica del crédito es siempre la misma: eliminar todo resto de rigidez en las relaciones capitalistas, haciéndolas extensibles. Pero esa misma extensión acelera la concentración y centralización de los capitales en unas pocas manos. Ambos procesos han operado simultáneamente en el último decenio y medio: la deuda ha permitido sostener artificialmente un nivel de demanda y de valorización de activos que la producción real no respaldaba, mientras al mismo tiempo concentraba, con cada ciclo de tipos de interés, la propiedad efectiva de esa deuda en un número cada vez más reducido de instituciones financieras, bancos centrales y grandes tenedores institucionales.

La subida de tipos de 2022-2023 puso sobre la mesa los problemas que esa deuda arrastraba desde hacía años: buena parte de los Estados, empresas y hogares más endeudados no pueden hacer frente al coste del crédito cuando suben los tipos de interés, lo que obliga a los bancos centrales a moverse en un margen muy estrecho, entre el riesgo de reavivar la inflación y el riesgo a provocar una cascada de insolvencias que podría hundir el sistema financiero entero. Es la misma antinomia entre «deflación» y «devaluación» que ya se manifestaba en los años treinta: dos políticas que en apariencia se oponen pero que, en realidad, se complementan y tratan de restablecer la ganancia capitalista siempre a costa de la clase obrera, principalmente. Hoy la disyuntiva se presenta como «lucha contra la inflación» frente a «estabilidad financiera», pero el resultado de fondo es idéntico: cualquiera que sea el método y los expedientes elegidos, el peso recaerá sobre los salarios reales, sobre el gasto social que hay que recortar para saldar la deuda pública, y sobre la pequeña burguesía endeudada, que a diferencia del gran capital no dispone de medios para trasladar el coste financiero a otros.

La nueva fiebre del oro

Desde 2022, un fenómeno llamativo ha vuelto a poner el oro en el centro del debate monetario mundial: los bancos centrales de numerosos países –China, Rusia, la India, Turquía, Polonia, entre otros– han comprado oro físico a un ritmo que no se veía desde que existen registros comparables: más de 1.000 toneladas anuales entre 2022 y 2024 (y una ligera caída en las compras en 2025), según el Consejo Mundial del Oro, muy por encima de la media histórica de las décadas anteriores. Al mismo tiempo, muchas naciones están repatriando sus reservas de oro almacenadas en terceros países. Se trata de la constatación práctica, por parte de los propios Estados, de los límites estructurales del sistema surgido tras 1971: el dólar, convertido en «equivalente general» no por su respaldo en metal sino por la confianza en el poder político y militar norteamericano, deja de resultar un depósito de valor neutro en el momento en que ese poder se ejerce abiertamente como arma económica.

El episodio decisivo fue la congelación, a partir de febrero de 2022, de en torno a 300.000 millones de dólares en reservas del banco central ruso mantenidas en instituciones occidentales, como respuesta a la invasión de Ucrania. Por primera vez desde que el sistema del petrodólar sustituyó al oro como base última del dinero mundial, una gran potencia comprobó que sus activos financieros en el extranjero –que hasta entonces se consideraban una reserva de valor tan segura como el oro, e incluso más cómoda de gestionar– podían quedar bloqueados de la noche a la mañana por decisión de un rival. Los gobiernos que mantienen relaciones tensas o potencialmente conflictivas con Washington tomaron buena nota de ello, y esto explica en buena medida la aceleración de las compras de oro físico –un activo que, a diferencia de un depósito bancario o de un bono del Tesoro estadounidense, no puede «congelarse» por decreto ajeno, porque no depende de ningún sistema de compensación controlado por terceros–.

En cierto sentido, esto demuestra que cuando el crédito y la confianza que sostienen el sistema monetario se tensan hasta el límite, el oro reaparece como refugio último, como única forma en que la riqueza abstracta puede concretarse al margen de las promesas de terceros, siempre revocables. Hoy, ese reflujo hacia el oro lo protagonizan los propios Estados rivales del imperialismo dominante, que preparan sus reservas para un mundo de bloques monetarios cada vez más enfrentados entre sí.

Pero en este terreno, curiosamente, Estados Unidos conserva todavía una baza que merece la pena señalar, pues revela un cambio de orientación respecto al metal. Estados Unidos oficialmente sigue disponiendo, con enorme diferencia, de las mayores reservas de oro del planeta, con unas 8.133 toneladas en sus bóvedas –muy por delante del segundo país, Alemania, con apenas 3.384–, acumuladas precisamente durante la época de su hegemonía indiscutida y que ningún rival, ni siquiera China con sus compras aceleradas de la última década, puede igualar a corto plazo. Estas reservas están hoy oficialmente valoradas por el Tesoro al precio de 1973, rondando los 11.000 millones de dólares. Pero al precio de mercado actual del oro su valor asciende al billón de dólares. Washington, de hecho, se está planteando actualizar de golpe ese valor contable y liberar así, de un plumazo, una cantidad de liquidez comparable a la que otros países sólo podrían conseguir vendiendo activos reales o emitiendo deuda nueva. Mientras el resto del mundo huye hacia el oro para protegerse de la desconfianza que el poder estadounidense ha generado, Estados Unidos se dispone a sumarse a ese movimiento –y a la consiguiente subida del precio del oro– actualizando de un solo golpe el valor de una reserva que lleva medio siglo infravalorada en sus propios libros de cuentas, y aprovechando así, al menos parcialmente, la crisis de confianza que él mismo ha provocado.

La única salida «natural»

Los acontecimientos de los últimos meses no hacen sino confirmar que el actual equilibrio y el sistema monetario que lo respalda desde los años 70 se tambalean en varios frentes a la vez. Japón, uno de los pilares del sistema financiero occidental de posguerra y durante décadas el mayor comprador extranjero de deuda estadounidense, atraviesa una crítica situación financiera, con una deuda pública que ronda el 260 % del PIB (en palabras del propio ex primer ministro Ishiba, peor que la de Grecia en su momento más crítico). El Banco de Japón se ha visto forzado a subir tipos y reducir sus compras de deuda pública, mientras la rentabilidad de sus bonos a treinta años supera ya el 4 %, máximos desde 2007, y los inversores, ante lo caro que les resulta financiarse en yenes, han empezado a repatriar capital vendiendo masivamente deuda estadounidense –cerca de 30.000 millones de dólares sólo en el primer trimestre de 2026–, retirando del mercado a uno de los compradores más fiables que tenía Washington. 

Casi al mismo tiempo, la guerra abierta entre Estados Unidos e Irán, desatada el 28 de febrero de 2026 y que ha llevado a Teherán a cerrar el estrecho de Ormuz –por el que transitaba una quinta parte del petróleo mundial– y a Washington a imponer un bloqueo naval al país persa, amenaza con poner en riesgo la estabilidad del circuito que sostiene el propio sistema de los petrodólares. Un conflicto prolongado en el Golfo no sólo encarece la energía, sino que también puede llevar a los productores de petróleo de la región a constatar que su seguridad –y por tanto su disposición a seguir facturando en dólares– depende de una potencia cuya capacidad ya no es la de 1974. Y todo ello mientras el propio Tesoro estadounidense tiene que pagar ya, para colocar su deuda, unos intereses que no se veían desde la víspera de la crisis de 2008, y la deuda pública europea, con Francia, Reino Unido y otros países bajo vigilancia creciente de los mercados, sigue el mismo camino. Todo parece señalar que el sistema erigido tras 1971 ha entrado en una fase de agotamiento definitivo.

Pero el patrón oro clásico no fue sustituido por una negociación pacífica entre potencias, sino por el colapso de 1914 y sus consecuencias. Y el patrón cambio-oro de entreguerras tampoco dio paso a Bretton Woods mediante un acuerdo diplomático, sino a través de la mayor destrucción bélica de la historia humana, que dejó a un solo país en condiciones materiales de imponer su moneda al resto del planeta. A diferencia de aquellas épocas, hoy se da la circunstancia de que no son las potencias emergentes, aspirantes a la primacía, las que se muestran más insatisfechas y beligerantes con el statu quo imperante. Es Estados Unidos, la primera potencia mundial (a nivel político y militar, al menos), la misma que ha construido y presidido durante ochenta años el orden mundial vigente, quien se muestra más desafiante y dispuesto a saltar por encima de todos los compromisos y acuerdos, como un anciano que se rebela contra su propia decadencia y senilidad.

La guerra mundial, que ya se anuncia, necesita no obstante un vector político que la catalice, que permita arrastrar a las masas a la hecatombe. En 1939 este vector fue el dilema «fascismo-antifascismo». Hoy el capitalismo sigue tanteando, tratando de encontrar el leitmotiv apropiado para marchar por la única vía que este régimen puede ofrecer. Y hasta que dé con uno no vamos a dejar de ver guerras localizadas en distintos puntos del globo, como en Ucrania, Palestina o Irán, a través de las cuales se irán conformando las alianzas que se enfrentarán en la próxima carnicería imperialista mundial. 

Quienes hoy proponen una vuelta al multilateralismo, una regulación más estricta de las finanzas, una «globalización justa» o un «Green New Deal» capaz de conciliar la acumulación de capital con la supervivencia del planeta, cumplen la misma función que cumplieron los «planistas» y socialdemócratas de los años treinta: ocultar tras el lenguaje de la reforma el hecho de que al capitalismo decadente le es estructuralmente imposible ofrecer al proletariado más que nuevos sacrificios. No hay ningún «desorden» que se pueda corregir con remedios monetarios, comerciales o financieros. Las relaciones capitalistas de producción han llegado al límite de lo que pueden aportar históricamente, y sólo la lucha de clases y la revolución pueden superarlas y sustituirlas por otras nuevas. El modo de producción capitalista ha desarrollado unas fuerzas productivas cuya magnitud desborda por completo el estrecho marco de la propiedad privada y del Estado nacional, y no puede ya resolver esa contradicción sino desplazando su peso, una y otra vez, sobre las espaldas del proletariado mundial –mediante la inflación, la deflación, los aranceles o la guerra– sin llegar jamás a un equilibrio definitivo. Cada nueva «solución» que el capital mundial ponga en marcha para hacer frente a sus crisis, sea cual sea el nombre técnico que le den sus portavoces, no hará sino preparar la siguiente escalada de la guerra, económica o directamente militar, entre los imperialismos rivales. 

Angel Rojo.