La corrupción se apellida democracia

Nota introductoria: este artículo resulta de la imprescindible labor de revisión y actualización acometida a un texto anterior ya publicado en enero de 2013 en el portal Kaos en la Red. Como es apreciable, con aquel comparte título, un buen puñado de ideas apenas esbozadas entonces y que requieren profundización, no pocos objetivos y al mismo autor. Sin embargo, si resulta necesario este remozamiento es precisamente en virtud de todas las lecciones que han podido desentrañarse sobre el fenómeno que ocupa al texto toda vez que la marea de escándalos se ha  ido retirando (mediáticamente, 2012 y 2013 fueron los años de mayor auge en la difusión pública de casos de corrupción en España) y de la que sólo han quedado los posos de aquello que el mar arrastraba: políticos comisionistas, empresas licitantes ganando “ventajas competitivas” bajo cuerda, contratos fraudulentos, evasión de capitales y otros muchos términos que son ya de uso (que no dominio) común.  Las referencias a la más rabiosa actualidad desaparecen, el análisis se profundiza y adquiere ciertos tintes exploratorios, como de tanteo respecto a ciertas cuestiones que necesitan ser tratadas aparte; la crítica política se sustenta sobre un armazón teórico mucho más sólido. Y ahora como antes, toda esta labor se hace atendiendo a un solo y único propósito, la reapropiación por parte de la clase obrera de su conciencia de clase.
Por Proletario para sí.

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Aristóteles y Lenin mantuvieron un muy interesante debate mediado por la Historia a propósito de qué es la política. Para el polímata de la antigua Hélade, la política se entendía como el arte de hacer lo posible. 23 siglos después, el líder bolchevique le rebatió con una acepción genial, por la que aquélla se convertía en el arte de hacer posible lo necesario. La vida está en los matices, que dicen. Y este pequeño quiebro de muñeca verbal, lógico, intelectual y político se encuentra en el sustrato mismo del análisis que aquí empieza sobre el fenómeno de la corrupción, que deja entonces de ser algo plausible (y que, por lo tanto, puede materializarse o no) a algo que, en el marco de relaciones capitalistas de producción, no sólo se da, sino que se da conforme a unas necesidades muy concretas de ese mismo sistema capitalista. Algo que resulta necesario.

Abandonémonos un momento a la maravillosa quietud, al reposo sin fin del diccionario, de la palabra muerta y del verbo fijado. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), corrupción tiene por acepción “una práctica constante en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores o cargos resposables”. Lo cierto es que una sociedad dividida en clases no puede engendrar, bajo ninguna circunstancia, una entidad “neutral”, salvo en apariencia. Ni siquiera para explicarnos el lenguaje que usamos cada día. Así que podemos esperar lo justo de la definición proporcionada por el DRAE, aunque resulta adecuada para señalar que se encuentra descargada de todas las nociones morales y técnicas que hoy consumen a buena parte de los tertulianos, politólogos y periodistas respecto a qué es un comportamiento corrupto y qué no lo es. Nada nos dice sobre si es una manzana podrida, si es todo el cesto o si el mimbre está herrumbroso. Esta pulida acepción ya es avanzar mucho, en especial, teniendo en cuenta el nivel de debate que existe sobre la cuestión. Además, el peso de la definición hace hincapié sobre el resultado de una práctica (beneficio propio, ajeno o colectivo), no sobre su forma de proceder; así que la corrupción tampoco consiste en el abuso de funciones. Procedimentalmente se puede estar actuando conforme a ley y estatuto pero, a la vez, ser corrupto. Esta última dimensión es la que verdaderamente interesa, la corrupción legal, legalizada y democráticamente legitimada. Y es la que, a su vez, nos permite delimitar, a modo de simplificación analítica (pues, evidentemente, están interconectadas de modo dialéctico), las dos dimensiones económicas de la corrupción: su papel respecto a la economía capitalista como un todo y su aspecto individual.

La primera y principal forma de corrupción es la transferencia de recursos públicos para fines privados, que tanto vale decir para la acumulación capitalista privada. La definición de más arriba le viene que ni pintada al caso: el Estado en su conjunto emplea constantemente recursos propios, con todo un sistema de amparo legal, institucional y jurídico, en provecho económico propio (ya veremos cómo) y ajeno. Y éste no es un comportamiento esporádico, puntual o localizado que escape de la ley y de la fiscalización que ésta misma contempla a través de los mecanismos configurados para tal fin por el Estado. Antes al contrario, la normativa legal configura la arquitectura técnica y administrativa que sostiene los intercambios entre los capitales públicos y privados. El empleo de dinero público para fines privados es la quintaesencia de la reproducción del  sistema capitalista de producción y del funcionamiento del Estado democrático contemporáneo. Por tanto, estamos hablando de una corrupción prevista, tolerada y hasta requerida y hasta tolerada por estos mismos estados para espolear el negocio privado con dinero público bajo el amparo del “interés general”, que es el eufemismo preferido de las clases burguesas para referirse al interés del capital.

El Estado es el mayor capitalista de la economía nacional, como tal opera en el mercado frente a otros capitalistas en el mercado. Y su papel como eje vertebrador de la misma preconfigura un escenario de intensos e indefectibles intercambios entre el capital público y el capital privado que son foco de las prácticas corruptas voxpopuli. Así, es necesario comprender cómo se forma y reproduce el capital público para poder llegar a conocer cómo se producen los intercambios entre los capitales públicos y privados.

El Estado recibe ingresos de diferentes fuentes y por diferentes procedimientos y los moviliza, los transforma en capital. Todo ese dinero entra en circulación en el mercado capitalista, ya sea como presupuesto otorgado a las empresas públicas o como activos para la compra de deuda ajena, amén de otros empleos que se le puedan dar y que se verán a continuación. Su objetivo es el de la rentabilización de las inversiones hechas con ese capital; pretensión esta idéntica a la podría tener cualquier otro capitalista privado. La única diferencia, en todo caso, es que el Estado cuenta con mucha mayor capacidad de endeudamiento y más mecanismos de respaldo que cualquier empresa privada (considerada individualmente) para hacer frente a pérdidas eventuales que le impida atender a sus obligaciones de pago, ya sean nóminas, pensiones, transferencias a otros estratos administrativos o vencimientos de deuda. Y lo cierto que ambas ventajas competitivas vienen dadas en virtud de la cantidad de capitales que es capaz de movilizar en el mercado, es decir, de su tamaño como capitalista. Efectivamente, no hay empresas en el mundo capaces de aglutinar, gestionar y capitalizar tantos recursos (tanta plusvalía) como los mismos Estados capitalistas.

Entre las principales fuentes de ingresos de un Estado, cualquiera que sea su forma de gobierno y su organigrama administrativo, encontramos[1]:

  1. Beneficios de empresas públicas/mixtas. Para que existan empresas públicas que puedan operar con “pérdidas” (cada vez más un rara avis, en especial en los países más afectados por la crisis de deuda) tienen que existir otras muchas que lo hagan granjeando pingües beneficios que reviertan en sí mismas y en las primeras[2], que en su mayoría existen para el consumo improductivo de plusvalía. El Estado es dueño o participa en alguna medida de multitud de empresas, desde las clásicas dedicadas a la minería, la automoción, la industria militar o las telecomunicaciones a otras mucho más recientes, asociadas fundamentalmente a las nuevas tecnologías y la ciberinteligencia. Sin ir más lejos, los gobiernos de Francia, Alemania y España son tres de los principales accionistas de European Aeronautic Defence and Space (EADS), antiguamente conocida como Airbus, la empresa más importante en Europa del negocio de la aviación (militar y civil)[3]. El Estado español es accionista mayoritario de Indra, empresa de consultoría tecnológica que ha presentado recientemente un ERE que afecta a casi tres mil trabajadores en España y Latinoamérica. Pero no hay que alzar la vista tan alto. Muchos Estados, a través de su abigarrada e inextricable red de organismos y entidades, son socios de buena parte de las cooperativas de producción y crédito, llegando incluso a crearse una figura jurídica propia y distinta para este tipo de empresas cooperativas con participación de dinero público.
  2. Compra-venta de activos financieros e intereses[4]. Como cualquier otro capitalista, el Estado no tiene por qué comprar grandes paquetes de acciones o participaciones de una empresa con objeto de incorporar un representante al Consejo de dirección. Ni siquiera tiene por qué esperar a que se repartan beneficios entre los accionistas, sino que simplemente puede aprovechar el alza del valor de un activo cualquier para venderle en los mercados secundarios, bien por necesidades de liquidez o por cualquier otro motivo. Así pues, parece que la crisis económica global no ha sido una victoria de los “poderes económicos y financieros” sobre los “poderes políticos” y los Estados, habida cuenta de que estos han participado y se han beneficiado tanto en los mercados especulativos como cualquier otro tiburón financiero. Hasta que la pequeña burguesía vio que se hundía el suelo a sus pies y sus privilegios sociales se suprimían en pos de la acumulación capitalista, aquel accionar del Estado se ciñó estrictamente al “interés general”.
  3. Liquidación de activos. En resumidas cuentas, ventas de bienes inmuebles a manos del Estado (por ejemplo, los activos tóxicos de la Sareb y la propia Sareb) y privatización de empresas anteriormente públicas. Por mal liquidados que se encuentren estos activos, no dejan de ser ingresos que se incorporan a las arcas. Más tarde se atenderá a la ineludible necesidad por parte del Estado capitalista de deshacerse de todos estos recursos para dar espacio al florecimiento de nuevos capitales y a la restitución de la Tasa de Ganancia.
  4. Emisión de deuda. A corto plazo, el mejor medio para adquirir liquidez. Emitir deuda supone adquirir un compromiso con los acreedores de devolución íntegra del préstamo, junto con los intereses determinados en el proceso de compra-venta y bajo la coyuntura específica en la que se produzca esta transacción en el mercado primario, en el plazo de vencimiento de esa deuda. Según el Libro Amarillo de los Presupuestos Generales del Estado español para 2015, éste necesitaba captar para este año 242 mil millones de euros, sumando el endeudamiento neto y las amortizaciones que se han de atender. No hay empresa que genere en un año tal facturación, y que, por lo tanto, pueda endeudarse de esa manera.
  5. Gestión de fondos públicos. Una de las fuentes de ingresos más interesantes de analizar: las cotizaciones sociales. Lo primero que hay que aclarar es que éstas no son, en modo alguno, impuestos. Y por tanto, tampoco son un ingreso stricto sensu. Y ahí comienza la diversión. Estas cotizaciones son aportaciones obligatorias que empresarios y trabajadores deben de hacer a los fondos de pensiones, desempleo, protección frente a accidentes laborales y demás (todas ellas reunidas bajo lo que en España viene a denominarse como Seguridad Social)[5]. Son tomadas en consideración a la hora de calcular los costes laborales unitarios al estar incorporadas a los gastos de capital variable y, efectivamente, constituyen parte del salario que recibe el trabajador y que sirve para la reproducción de su fuerza de trabajo[6], aunque él no ejerza control directo sobre tales ingresos. En 2014, la recaudación efectiva de la Seguridad Social se situará en torno a los 96 mil millones de euros (la cifra exacta está pendiente de cálculo). Si bien es cierto que ese año la Seguridad Social española cerró sus cuentas en déficit debido a la caída de las bases de cotización, no todos los años ha sido así, al punto que existe un Fondo de Reserva de la Seguridad Social que se destina casi exclusivamente a la compra de deuda española y europea[7]. Por tanto, se observa cómo ese dinero no puede quedarse parado, escondido en los sótanos del Banco Central de cada país, sino que ha de salir al mercado a transformarse en capital, bien a través de inversiones que generen beneficios, de búsqueda de rentabilidad con activos jugosos o, si fuera necesario, su consumo improductivo. Por supuesto, el “consejo de administración de la burguesía”, como se refería Marx al Estado capitalista, no siempre ha tenido en sus manos el control de estas cajas de protección frente a cualquier tipo de inclemencia de los trabajadores. Porque, en efecto, estos descomunales ingresos para el Estado hunden sus raíces en las viejas cajas y mutuas creadas por los sindicatos para que, a través de la aportación colectiva, los obreros pudieran protegerse frente al paro esporádico, la enfermedad o el retiro. Sin embargo, la cronificación de un empleo estructural y masivo, el gigantesco volumen de aportaciones económicas hechas por los trabajadores, que resultaba insoportable incluso para las robustas estructuras sindicales, y las mismas necesidades económicas hicieron que los Estados acabasen por hacerse cargo de la gestión íntegra de estas cajas, cuyo funcionamiento quedaba definitivamente sancionado por ley e integrado al aparato de Estado. Y no fue casualidad, desde luego, que este proceso de control de las mutuas obreras se produjera en el periodo de totalitarización del Estado, en pleno proceso de reestructuración del control sobre los mercados internacionales a través de la guerra. El mismo consejo de administración de la burguesía dejaba de ser un mero organismo gestor de los intereses políticos de las clases poseedoras para convertirse en el servomotor de una acumulación capitalista, por otra parte, anémica. Los tentáculos del Estado se extendían por todos los ámbitos económicos, buscando recursos productivos que extraer para movilizarlo y absorber la mano de obra sobrante. El marxista J.B. Mélis, analizando este fenómeno en su artículo Otra victoria del capitalismo: el seguro obligatorio de desempleo, lejos de rasgarse las vestiduras, entendía la absorción de las mutuas obreras como un proceso normal del capitalismo decadente. Su explicación, desde luego, queda coja al centrarse en exclusiva en la integración de los sindicatos al engranaje estatal ante la necesidad de controlar por completo el mercado de trabajo en una economía de guerra, obviando la innegable dimensión económica de gestionar ingentes cantidades de dinero que se podían emplear para la “producción de desperdicio” (Rosa Luxemburgo) y el sostenimiento de planes públicos de inversión y empleo; pero sigue siendo uno de los análisis más lúcidos respecto a esta dimensión particular del proceso de totalitarización del Estado en el periodo de entreguerras.
  6. Impuestos directos e indirectos. Otra fuente de ingresos para el Estado descomunalmente grande y fructífera. Las recaudaciones impositivas de los Estados modernos actuales pueden dividirse en dos fórmulas básicas: impuestos directos e indirectos, cuya diferencia estriba en que los primeros aplican bases impositivas superiores en función de los tramos de renta y los otros, sin embargo, se recaudan por igual con independencia del nivel de renta. En el caso español, las figuras impositivas que operan en el primer caso, que es el que nos interesa, serían el Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre Sociedades. No obstante toda la anterior ortodoxia tributaria, lo cierto es que la realidad no se entiende muy bien con estas definiciones. En Emprendedores, estafadores (partes I y II) ya se analizaba pormenorizadamente cómo las disposiciones legales que enmarcan el sistema tributario español permitían a pequeños y grandes empresarios reducir drásticamente la cuota sobre la que se aplica la base imponible del impuesto (el tanto por ciento que se devengará de los ingresos) a través de una serie de desgravaciones fiscales. Esto había permitido que, durante los años de mayor bonanza económica, autónomos y pequeños empresarios declarasen haber tenido menos ingresos netos que asalariados y pensionistas. Teniendo en cuenta que el tejido productivo español se compone en un 98% de autónomos y PYME’s, los asalariados ingresaban e ingresan mucho más que sus propios jefes. Sencillamente dantesco. Que el Estado regule el sistema tributario mediante una ley que contempla las más amplias exenciones para los empresarios, permitiéndoles pagar mucho menos de lo que efectivamente habrían de pagar conforme a sus ingresos, no parece entrar dentro de los parámetros de lo que se considera una práctica corrupta. Y el beneficio para los gestores del Estado, los capitalistas grandes y pequeños, sin embargo, es realmente notable.

Al final, resulta que el Estado no opera de una manera tan diferente a como lo hace un banco o, incluso más allá, un fondo de inversiones. Ingresa un dinero y unos activos que salen al mercado a buscar rentabilidad[8]. El capital público no deja de ser, en modo alguno, capital. Y a sus leyes se debe. No obstante, a este paralelismo se le pueden poner dos salvedades: por un lado, que el dinero del Estado, por más riesgos que asuma, se encuentra completamente garantizado, so pena de que tenga que comprometerse el crecimiento futuro con más emisiones de deuda. Por otro, que a través del proceso indirecto de representatividad democrática, son los ciudadanos los que determinan qué se hace con él en última instancia, quienes imprimen la voluntad política a la capitalización de esos recursos. Pues bien, no pocas veces nos hemos encontrado en estos últimos años de crisis de deuda en los países europeos que el sobreendeudamiento tiene un coste en forma de gravísimos ajustes del gasto público y de desarticulación progresiva de los colchones sociales, incluso cuando ese gasto se ha empleado para absorber deuda privada o tratar de relanzar la acumulación con megalómanas inversiones. A su vez, pensar en la democracia como algo distinto a la mejor envoltura político-jurídica que el capitalismo se ha podido dar y, del mismo modo, arrogar al Estado capitalista funciones económicas distintas a las de servir de espoleador y dinamizador de la inversión capitalista, es poco menos que producir una quimera. Se podrá controlar dónde va el dinero, efectivamente; lo que no se puede es evitar que la rueda de la acumulación siga girando y que el Estado totalitario haga una contribución impagable empujándola a base de inversión pública.

El Estado, principal capitalista

La diatriba entre los herederos intelectuales del liberalismo y el keynesianismo sobre si el Estado debe de intervenir más o menos en la economía ha sido solventado efectivamente en el decurso histórico, relegando a la escolástica este enfrentamiento tan ameno pero tan poco fructífero. Precisamente, una crisis económica incipiente condujo a los grandes estados europeos a una carrera armamentística sin precedentes, en la que la absorción por parte del Estado de la plusvalía sobrante para la industria militar iba aproximando la guerra por el reordenamiento de los mercados internacionales; una guerra que debía ser el cúlmen y punto final de la crisis económica, pero que no lo fue. La devastación militar de las industrias de los países enemigos, la “guerra total” y la muerte de ingentes cantidades de mano de obra no resultó suficiente para retomar la senda “pacífica” de la acumulación capitalista salvo en un muy corto periodo de tiempo (el crack del ’29, de hecho, da constancia de que el rápido desarrollo económico estadounidense tras la Gran Guerra se asentaba sobre las frágiles patas de la especulación financiera, lugar predilecto de los capitales para rentabilizarse cuando la Tasa de Ganancia no es suficientemente elevada). Nuevos planes de rearme militar y de inversión pública para emplear la plusvalía que el capital privado no podía consumir. Así aparecen el New Deal, el Plan de Man, y tantos otros de reinversión pública vía endeudamiento y extensión de los mercados propios manu militari. Estos programas de inversión van configurando todo un entramado de sistemas públicos de asistencia en muchos países (el walfare) que integran sanidad, educación, pensiones, protección frente al desempleo,… y que sirven para descargar buena parte de los costes de reproducción de la fuerza de trabajo sobre las espaldas de los capitalistas individuales[9]. Nuevas tensiones interimperialistas desencadenadas, una nueva guerra,… y, ahora sí, un nuevo ciclo de tranquila prosperidad basada en la reconstrucción de la industria de los países europeos devastados[10]. En todo este tumultuoso proceso, el Estado termina haciéndose por completo con las riendas de la economía nacional.

Ya no sólo es el parapeto de la burguesía frente a la competencia mundial, sino el eje vertebrador de esa misma economía nacional. La cantidad de capitales que maneja ha aumentado descomunalmente, los proyectos de inversión en los que se implica alcanzan hasta las zonas más recónditas, suyos son los principales enclaves económicos estratégicos (los cuales necesitaba movilizar en pos de las necesidades de guerra). Y las necesidades de la acumulación capitalista han marcado el devenir del papel económico del Estado[11]. La fuerte inversión pública en los años sesenta y setenta (Guerra Fría, conflictos locales como Vietnam, carrera nuclear, carrera espacial) dio paso al proceso de liquidación de los colchones sociales ante la necesidad de insuflar nueva vida a una Tasa de Ganancia progresivamente descendente, recrudecida más recientemente en los países europeos por mor de la crisis de deuda.

Demiurgo de la inversión y la concentración

El Estado necesita soltar lastre para evitar asfixiar a la Tasa de Ganancia. Sectores económicos clave se privatizan o se adaptan convenientemente las leyes y normativas para dar espacio en ellos a capitales privados. El Estado emprende importantes inversiones para arrastrar tras sí a los capitales privados, a los que se estimula con dinero público y facilidades administrativas que los hagan aflorar y entrar a operar en el mercado. Estos crecen en los espacios intersticiales, buscando nuevas vetas de mercado inexploradas o retornando a viejos sectores sobreexplotados con nuevas técnicas de producción, conforme a las leyes propias de la acumulación capitalista. El Estado se convierte en el gran dinamizador de la inversión cuando la anemia de la acumulación privada amenaza con desencadenar una crisis económica sin parangón. Y no deja de resultar significativo el doble rasero que existe respecto a esta cuestión desde el punto de vista político. Porque no se admite la liquidación del sistema público de pensiones para dar alas a los fondos privados ni se tolera a empresas gestionando los recursos de la Universidad, pero no hay problema en que las administraciones fomenten el emprendimiento construyendo viveros de empresas para el uso de capitalistas privados a costes ridículos, o que se empleen bonificaciones a la contratación en benficio de los empresarios que terminan haciendo descender el precio de la fuerza de trabajo, es decir, los salarios. Y eso que ni siquiera resultan efectivos. Según el informe El fraude de los contratos de formación y aprendizaje, sólo dos de cada cien contratos de este tipo acaban terminando en un contrato indefinido, pese a ser modalidades contractuales altamente bonificadas por el Estado. El interclasismo declarado o taimado de las fuerzas izquierdistas hace acto de aparición en más lugares de los que se pudiera pensar.

Intercambio y competencia

Que el Estado es el demiurgo de la inversión del capital se aprecia claramente al tomar en cuenta que la licitación es el principal medio de contacto entre el capital público y el privado. Licitar supone poner a subasta un proyecto de inversión, una toma de decisión respecto a qué capital privado cumple los requisitos para explotar los recursos públicos. Una parte de los costes de tal explotación corren a cargo del Estado, y es la empresa la que debe garantizar su propio margen de beneficios. Este procedimiento permite simultáneamente que: a) los capitales privados puedan aflorar y florecer cobijados por la sombra del Estado; b) que incluso en condiciones de explotación monopolista de un sector o servicio, esos capitales se vean lanzados a la competición entre sí; y, finalmente, c) que la maquinaria burocrática pueda adelgazar ostensiblemente para no terminar adoptando un tamaño brutal y absolutamente ingobernable. Tanto el Estado como el capital privado que gane el concurso salen beneficiados de ese intercambio, sin que haya mediado práctica fraudulenta alguna. Este procedimiento de contratos públicos con los que el capital privado pueda verse involucrado en grandes proyectos de inversión no es una creación reciente ni su impacto económico es menor. En el documental La Corporación se pone en solfa que las primeras sociedades anónimas (en inglés, ‘corporations’ o corporaciones) se crearon para reunir a muchos pequeños inversores y participar conjuntamente en alguna obra pública. O dicho de otra manera: el dinero público engrasa los engranajes de la concentración capitalista.

Otro de los mecanismos de intercambio entre el capital público y el privado son las subvenciones. Como ocurría con el procedimiento anterior, las subvenciones también operan a todos los niveles de la adminsitración, aunque su cuantía global respecto a las anteriores le resta bastante importancia. Empresas y particulares reciben ayudas públicas en forma de subvenciones (no tienen retorno inmediato para la administración que las conceda) por los más diversos conceptos, y estos agentes deben emplear el dinero para el fin al que ha sido encomendado. Éste, por supuesto, no es otro que la acumulación del capital. Y para lograr tal fin, los particulares o empresas beneficiados de estas ayudas han de contratar con otras empresas para que se materialice el concepto concreto de tal subvención. Las subvenciones son un dinero que se transfiere del Estado a distintas empresas, pero que requiere de unos agentes mediadores para que, a través de su libre elección, haga concurrir a las empresas al mercado y las ponga a competir entre sí. Si una empresa recibe una subvención para renovar parte de su maquinaria, ésta es sólo el intermediario que llevará el dinero del Estado a la empresa elegida que suministre la maquinaria que cumple con los requisitos específicos consignados en las condiciones de la subvención. La primera empresa reproduce su capital constante a costa del Estado, por un lado; la empresa suministradora logra vender su stock gracias a los estímulos del Estado, por otro. Hace unos años, el Estado español subvencionaba la instalación de sistemas fotovoltaicos de generación de energía en bloques de pisos y hogares unifamiliares. Y sí, la preocupación por el medio ambiente era solamente el pretexto para espolear el crecimiento económico de un sector como el de las empresas de energías renovables. Es curioso que las subvenciones tampoco cumplan los estándares de lo que se considera una práctica corrupta, habida cuenta del empleo discrecional que se hace del dinero público para el enriquecimiento de empresas privadas.

En los últimos años, los procedimientos de licitación y asignación de subvenciones (insistimos, principales procedimientos de intercambio entre el capital público y el privado) han estado presentes en el agitado crisol de la opinión pública española, no por que nadie hubiese llegado a las conclusiones expuestas más arriba al respecto, sino por haber sido catalizadores de algunos de los casos de corrupción más importantes de los últimos años. Mordidas en contratos públicos que sirven para financiar partidos de gobierno (‘caso Gürtel’, con todas sus ramificaciones), desvío de recursos para la formación a desempleados para financiar actividades sindicales y empresariales (‘caso de los cursos de formación’, ‘caso Pallerols’), empleo fraudulento de las subvenciones a empresas con problemas para cubrir gastos en los despidos y prejubilaciones de sus trabajadores (‘caso de los ERE’), etcétera. Todos estos comportamientos fraudulentos respecto al empleo del dinero público no se explican sin la existencia de los procedimientos antemencionados de intercambio y competencia habituales entre capitales públicos y privados. En ellos encuentra su substrato económico y su justificación.

Las prácticas corruptas suelen ser asociadas con la ineficiencia en el funcionamiento del Estado. Y esto es cierto en términos generales, pero hay que apostillar: la corrupción aparece cuando el Estado se muestra incapaz de ejercer con garantías su labor de dinamización de la inversión privada en pujanza competitiva constante. El problema no es, desde luego, el peso que el Estado tenga sobre el conjunto de la economía nacional (que es enorme en todos los países más allá de las diferencias de grado), sino la dependencia del erario público que exista entre los capitales privados para poder crecer y acumularse, lo que aumenta de forma exponencial la estructura administrativa necesaria para poder gestionar la inversión. La maquinaria burocrática de Estado, en sus diferentes instancias jerárquicas, no siempre funciona todo lo bien que debería para favorecer la expansión del negocio privado. Es aquí donde aparecen las mordidas y las comisiones para limar asperezas y dar engrase a los engranajes de las administraciones. Lejos de lo que se pueda pensar, estas prácticas corruptas no pervierten en ningún momento los procedimientos de intercambio entre el capital público y el privado. Antes al contrario, coadyuvan a su buen funcionamiento en condiciones de elevada dependencia mutua, pues puede llegar a resultar indispensable para que ciertos capitales movilicen la voluntad política insititucionalizada en aras de sus intereses inmediatos (elaborando disposiciones legales, forzándolas o saltándoselas directamente). Además, la corrupción se mueve como se acumula el capital, de abajo arriba: los pequeños capitales buscan su oportunidad en los niveles más bajos de la administración. Los grandes, miran más alto y apuntan a las instancias superiores. Corromper para acumular.

La corrupción es una ventaja competitiva en relación a los procedimientos de intercambio entre el capital público y el privado, por lo que en ningún caso puede considerarse como disfuncional respecto a los mismos[12], sino sólo su necesaria consecuencia en el marco de la competencia entre capitales que pugnan por lograr contratos públicos y continuar creciendo.  Quien se puede permitir acarrear económicamente con unas facturas infladas y con unos gastos no reflejados en los pliegos de licitación, se lo lleva. Es una inversión para ganarse el favor de quienes tienen la competencia directa sobre el uso del dinero público. Según el economista Paul Mattick, la remuneración de los directivos de una empresa derivaba directamente de los beneficios obtenidos por la misma. Pues bien, bajo esta nueva luz, las comisiones o sobresueldos recibidos por políticos y funcionarios se convierten en retribuciones fijas provenientes de los beneficios que estos “directivos externos” les han hecho ganar con sus contratos públicos y sus disposiciones legales favorables. Y yendo aún más lejos, las “puertas giratorias” entre el mundo de la política y el mundo de la empresa serían una forma adicional de premiar el compromiso de los líderes de la política institucionalizada con las firmas que crecieron bajo su amparo.

En conclusión, al sistema capitalista le resulta absolutamente necesaria la corrupción política, por ser esta una derivación necesaria, bajo ciertas condiciones del mercado, de los procesos mismos de contratación con la administración y, más allá, del papel ocupado por el Estado respecto al conjunto de la economía nacional. Es por ello que los debates respecto a la corrupción acaban moviéndose en la tensión entre las grandes condenas morales y las minucias técnicas, pero sin substancia real. Si se dan por buenas las palabras del economista socialdemócrata Juan Torres López, para quien “la iniciativa estatal debe dotar de medios al emprendedor porque requiere de capital para poner en marcha su actividad”; si se tolera que el Estado se autofinancie o invierta con los recursos de los fondos de la Seguridad Social (salario de los trabajadores) o que arrastre al capital privado a la arena del mercado con megalómanos proyectos para la absorción de mano de obra sobrante, no hay debate económico sobre la corrupción, sólo exabruptos e imposturas. Al final, la disputa se convierte en una exposición escolástica sobre salvedades de la ley, formulaciones ambiguas, agujeros negros legales y precisiones técnicas. Por ejemplo, en el Estado español, una práctica de concesión discrecional de contratos públicos está ajustada a derecho o no en función de si la cuantía es inferior o superior a los 12 mil euros. Todo contrato por debajo de esa cifra, puede adjudicarse sin necesidad de concurso público y, por tanto, con la mayor de las unilateralidades e impunidades.

Si la corrupción no subvierte la acumulación del capital, tampoco lo hará con la democracia. Por eso resulta ciertamente paradójico que se apele a la transparencia, la división efectiva de poderes y el refuerzo del control de las autoridades sobre los procedimientos de intercambio entre el capital público y el privado. Esto es, los valores democráticos salen a salvar a la democracia de los  monstruos que ella misma ha creado. Sin un marco jurídico-político democrático, el concurso público de las licitaciones, las bonificaciones, ayudas y subvenciones resultan totalmente superfluas, pues los recursos se asignan a los negocios privados con la mayor de las discrecionalidades, siempre conforme a la normativa legal creada ex profeso. La democracia es la envoltura más adecuada para el desarrollo de la competencia capitalista. No hay nada más democrático que competir; y si, en ciertas condiciones de mercado, el capital requiere de la corrupción política para granjearse su subsistencia, no hay nada más democrático que corromper.


[1]La exhaustividad no puede ser la nota preponderante en este punto. Aquí se ofrecen sólo algunos conceptos en los que se desglosaría el apartado de “recaudaciones” del presupuesto general de un Estado cualquier con objeto de orientar el análisis hacia una comprensión más amplia y profunda del proceso de formación del capital público, de ahí que el estudio se limite a unas notas generales sobre los mismos, siempre en línea con el propósito perseguido.

[2]Un consorcio de empresas público-privadas españolas están haciendo negocios de muchos ceros en el proyecto de AVE entre La Meca y Medina, en Arabia Saudí. Y esto, a su vez, ha abierto la puerta a nuevos capitales privados nacionales para grandes proyectos de infraestructuras. El capital público, emprendiendo y abriendo camino.

[3]Según aparece recogido en el número de mayo de 2014 del periódico Rojo y Negro, órgano de expresión oficial de la Confederación General del Trabajo, la facturación anual de EADS asciende a los 17 mil millones de euros.

[4]Distinguir entre el beneficio y el interés respecto a la participación en el accionariado de una empresa del Estado o cualquier entidad pública asociada delimita la frontera entre una empresa pública y una empresa privada participada con capital público. Por más acciones que el Estado pueda tener en cualquier corporación o sociedad anónima, no se puede considerar como “pública” si el Estado, en tanto que accionista mayoritario, tenga potestad suficiente en el consejo de administración como para designar al presidente de la entidad (el número de acciones necesarias para considerar presencia mayoritaria en el mismo viene determinado en los propios estatutos de la empresa). Un ejemplo preclaro de ello es Bankia, propiedad en un 60% de la pública Banco Financiero y de Ahorros (BFA) pero cuyo presidente no fue designado por el Estado ni responde directamente ante el mismo en su toma de decisiones y asunción de responsabilidades, sino cooptado por el acuerdo de los consejos de administración de Bankia y BFA y, en virtud de ello, debe atenerse al mandato de todos los socios del banco.

[5]Hay que señalar que este sistema de contribuciones obligatorias en manos del Estado es, sobre todo, un remanente de la totalitarización del Estado durante el periodo de entreguerras (con su correspondiente economía militarizada) y de las políticas keynesianas de control monetario y fuerte endeudamiento público llevadas a cabo por los países devastados por la II Guerra Mundial en el periodo de reconstrucción. Por tanto, en muchos otros países imperan sistemas de mutuas privadas que se hacen cargo de tales recursos, un nuevo filón más de negocio para el capital privado que se hace hueco progresivamente en el maltrecho “Estado del bienestar”, reduciendo la intervención del Estado a la asistencialidad y a respaldar esos depósitos con el capital público ante una posible quiebra.

[6]El que los capitalistas pretendan siempre llevar siempre el salario incluso por debajo del mínimo de subsistencia también se deja evidenciar en el aspecto de las cotizaciones sociales, que no dejan de ser un capítulo específico en ese gasto en salarios. Concatenar contratos temporales que requieren menos aportes a los fondos de la Seguridad Social, hacer firmar a los trabajadores contratos a tiempo parcial cuando se trabaja a tiempo completo, consignar un número de horas de trabajo muy inferior al que realmente se emplea al trabajador, emplear contratos de días que se van renovando automáticamente… las opciones son diversas. Una de las últimas modas en el Estado español es la de los “falsos autónomos”, trabajadores asalariados de una empresa que son obligados a darse de alta como trabajadores por cuenta propia (figura jurídica empleada para referirse a los empresarios que comprometen su propio patrimonio en un negocio gestionado por ellos mismos) en la Seguridad Social para sortear el pago de cotizaciones sociales. La empresa sólo paga la cuota de autónomo junto con el resto del salario, y así, los aportes a los fondos de la Seguridad Social por parte del trabajador han de ser voluntarios.

Por otro lado, también existen disposiciones específicas contempladas en la ley para limitar el respaldo que estas cotizaciones puedan tener sobre el trabajador en caso de que sea necesario. Por ejemplo, la Seguridad Social española sólo cubre el 100% del salario de un trabajador enfermo durante los 3 primeros días, cuando antes eran más. Las prerrogativas entregadas a las mutuas privadas por parte del gobierno español respecto a la baja causada por el trabajador enfermo o que sufra accidente laboral, analizadas en su día en El Salariado, también pueden consdierarse desde esta misma perspectiva.

[7]Este procedimiento realmente torticero de autofinanciar la propia deuda con el Fondo de Reserva, que supone emplear el dinero del susodicho para conceptos que, en principio, no se contemplaban (en la ley está la trampa), ha alcanzado en España el paroxismo. Según informa The Wall Street Journal, la caja de reserva de las pensiones está en mínimos; todo por alejar de la deuda española a los “buitres” mediante la compra de los bonos de deuda con un mayor interés, los que se despacharon en 2012, año del rescate bancario. No es casualidad que cíclicamente se regrese al debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones basado en las cotizaciones obligatorias.

[8]Las famosas participaciones preferentes, un híbrido entre el plazo fijo y las acciones, contaban con una rentabilidad situada en torno al 7 y el 12 por ciento para el cliente, y garantizaban una gran liquidez a las entidades emisoras. Cuando se quería recuperar el dinero con los intereses acordados, el mismo banco (o caja de ahorros, sobre todo) se encargaba de vender estos activos en el mercado secundario. El problema vino a partir de que en 2009, el Fondo de Estabilidad Financiera y el G-20 acordasen que las participaciones preferentes dejaban de ser consideradas como Tier 1, esto es, como parte de ese capital de máxima calidad que los bancos estaban obligados a mantener para hacer frente a posibles depreciaciones de sus activos. Hasta entonces, los inversores que movilizaron sus ahorros para capitalizarlos con tan pingües intereses, en otras palabras, los capitalistas, no habían alzado la voz en una sola ocasión. Sus “ahorros” estaban obrando en el mercado sin que a ellos les interesara nada que no fuese su 7% de interés anual. A partir de 2013, cuando entran los acuerdos de Basilea III en vigor, aquello era un «robo». Pero sólo a medias. Las participaciones preferentes no estaban tipificadas como delito, así lo hizo constatar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

[9]La lógica que opera es la misma que la del proceso de acumulación capitalista: concentración del capital, reducción de costes. El Estado es el mayor capitalista, así que él termina absorbiendo el coste (proporcionalmente menor) de poner en marcha un sistema de mutualidades que integre al conjunto de los trabajadores y en el que el coste para el empresario individual se reduzca a una pequeña aportación por trabajador contratado.

[10]Se estima que una cuarta parte del total del dinero contemplado en el Plan Marshall fue destinado a la industria militar.

[11]Los monopolios de titularidad pública están presentes desde los albores del sistema capitalista de producción y del Estado moderno que trae aparejado. Tanto en el origen del capitalismo como en su periodo decadente (consignado así en el Ier congreso de la Internacional Comunista), el papel “monopolista” del Estado ha sido similar; lo cual nos obliga a replantearnos los términos de ese supuesto “periodo de capitalismo concurrencial” como paso “previo” al capitalismo monopolista y al imperialismo que muchos autores marxistas manejaban en sus reflexiones con asiduidad, entre ellos, Lenin.

[12]Por ese proceso de asimilación intelectiva, el latrocinio, el pillaje y el comercio de esclavos que apuntalaron la reproducción originaria del capital resultarían disfuncionales para el capitalismo mismo que hicieron emerger.