Hollando el terreno de la lucha de clases

El campo andaluz ha sido, históricamente, un polvorín[1]. Una olla a presión dentro de la que se desarrollaban y desplegaban las contradicciones inherentes a la organización social de la producción capitalista. Bajos salarios, estacionalidad del trabajo, desprotección absoluta de los jornaleros frente al desempleo y una pauperización galopante frente a la cual había que hacer maleta y dejarse llevar por el factor de arrastre de la industria catalana o vasca. En el siglo XVIII, el 70% de la población activa andaluza era jornalera. Hacia 1960, la cifra se reducía hasta el 27,7%, sumergido como se encontraba el campo en un ingente proceso de mecanización y tecnificación como no se conocía desde los almorávides y la extensión de los sistemas de regadío. En la última cosecha, 2014-2015, la cifra global de jornaleros -en activo o desempleados- no alcanzaba los quinientos mil, menos del 5% del total de población activa en Andalucía. Esta drástica reducción de la mano obra empleada en el campo, resultado de la intensificación de los cultivos, el perfeccionamiento técnico y el desarrollo tecnológico, nos sitúa en línea de una evolución general de la agricultura sin parangón histórico en lo relativo a niveles de producción y explotación de la mano de obra. Y, sin embargo, esta mejora ha tenido escasa o nula repercusión sobre las condiciones de la mano de obra agrícola, aherrojada como sigue a las mismas condiciones de antaño. Pero claro, la desparición temporal del proletariado rural o semiurbano de la escena política va en línea con la desarticulación de la lucha del proletariado de las grandes concentraciones industriales operada desde los años ’80 gracias al contubernio entre el desarrollo económico y la transformación productiva de las economías occidentales, el desinflamiento de las portentosas luchas obreras de los años sesenta y setenta, y la transacción democrática entre los sindicatos y el Estado (apuntaladas con los Pactos de la Moncloa y continuadas hasta la fecha). Así pues, la recuperación de la combatividad de uno pasa por la vuelta al terreno de la lucha de clases del otro, ambos en necesario proceso de retroalimentación y mutua influencia, de apoyo, solidaridad y aprendizaje.

La suma de campo andaluz y conflictividad social y política suele resultar en “reforma agraria”, aunque cada vez más en el imaginario izquierdista periclitado que en la realidad socioeconómica de este sector productivo. Si en el siglo XIX, la reivindicación ya tenía poco sentido, ante la pujanza de la burguesía comercial y la articulación de una burguesía agrícola propietaria y explotadora de la tierra, el arribo, en fin, de la inversión capitalista al campo, la mecanización y la explotación intensiva de los cultivos convierten hoy a la reforma agraria en una quimera. En principio, la reivindicación liberal de la “reforma agraria” hunde sus raíces en teorizaciones mercantilistas integradas al sistema de pensamiento económico liberal-burgués. De tal lid, la distribución de las grandes explotaciones del clero, los nobles y el Estado entre los campesinos en pequeñas parcelas alentaría la competencia, la búsqueda de vetas de beneficios vía el desarrollo técnico y, por ende, un incremento de la producción que alimentaría la industria. Dejando aparte que los cultivos de secano son cultivos extensivos, y que su parcelación produce un incremento de costes de la explotación que suele hacerlos inviables, la teoría no opera históricamente (allí donde se ha de realizar, en su praxis) porque las tierras las adquirieron quienes tenían los medios para adquirirla: burguesía comercial malacitana y gaditana, y los señores de toda la vida[2]. Y estos la entregaron, en régimen de arrendamiento, a pequeños burgueses del campo que pudieron así apuntalar su posición socioeconómica inestable y florecer. El proletario agrícola siguió conservando esa misma posición, la de obrero del campo, trabajando una tierra que no era suya y que nunca iba a serlo. Esta “traición” de la burguesía hizo que los hijos bastardos del liberalismo burgués, los anarquistas, encontraran notable eco en los campos andaluces y extremeños, prendiendo así la mecha de la demanda no atendida de reparto de la tierra entre los jornaleros que sólo tenían sus manos para vender y subsistir.

Pivotando en torno a la reivindicación de reforma agraria se mueve la idea de que los grandes latifundistas no explotan sus tierras, o que lo hacen de manera deficitaria, con la subsiguiente repercusión para el empleo que ello tiene. Para Diego Cañamero, secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, “los propietarios de la tierra no quieren arriesgar” con inversiones en desarrollo industrial y parasitan con subvenciones europeas. Si fuera así, difícilmente Andalucía sería el principal exportador de productos agrícolas de España y uno de los más importantes de Europa, una actividad que representa el 25% del PIB regional y que mueve en torno a sí más de 5.700 agroindustrias y numerosas ciudades agroindustriales. Y de ser así, tampoco se explicaría la transferencia de inversiones por parte de los señores de la tierra al ladrillo cuando éste se encontraba en pleno auge. De hecho, los pilares económicos sobre los que se ha sostenido Andalucía han sido la construcción y la agricultura. Era evidente que se debían dar transferencias entre ellos. El problema no es, por tanto, un supuesto conservadurismo idiosincrásico, sino una conveniente evaluación de riesgos de las inversiones del capital que ha convertido de nuevo a la agricultura, paradójicamente, en un nuevo valor refugio para inversiones que no se arriesgan en sectores en retroceso. El desincentivo a la inversión no es algo consubstancial a la burguesía andaluza, sino a toda la burguesía internacional en épocas de recesión económica.

Muy al contrario de lo que se puede pensar, en Andalucía existe una sobrecapacidad productiva en el campo de las explotaciones agrícolas. La Política Agraria Comunitaria (PAC) así lo certifica: subvencionando a los propietarios por extensión de tierra cultivada, y no por volumen de producción u otros baremos, estimula una infraproducción en las grandes explotaciones, al no ser necesario desplegar y movilizar todos sus recursos para obtener pingües beneficios[3]. Las más pequeñas, a su vez, pueden emplear las ayudas europeas para incrementar su mecanización o extender y mejorar los sistemas de regadío, facilitándoles así competir con las grandes heráldicas de la tierra. La PAC europea, y por extensión, la sobrecapacidad productiva de la que es sintomática, es la norma, y no la excepción, en la agricultura de los grandes países occidentales.

La idea de sobrecapacidad productiva marida muy mal con la propuesta de “reforma agraria”, desde luego, desde el punto de vista económico y productivo. Resulta en un sinsentido que las explotaciones hayan de ser divididas (contra toda lógica técnica, por los sobrecostes que ello acarrearía) para espolear su rendimiento productivo, cuando existen ayudas para contener la producción. Y allende a este mismo sinsentido, la falsedad de la insuficiencia del desarrollo técnico de la agricultura, otro de los pilares sobre la que sostienen la quimérica “reforma agraria” quienes son contrarios al desarrollo de una política de clase, sea en el campo o en la ciudad. En un excelente monográfico del nº54 de Cuadernos de Ruedo Ibérico [4], Aulo Casamayor combatía con hechos y datos a todos aquellos grupos y grupúsculos de la izquierda, reformista o transformadora, que abogaban por reemprender la tarea inacabada durante la República y la Guerra Civil de reparto de la tierra y “reforma agraria”. A su entender, la transformación productiva de la agricultura se había producido durante el mismo periodo franquista. La época del desarrollismo y la apertura fueron una continuación de la política autárquica en lo que respecta al endeudamiento y la inversión estatal (favorecida por diversos acuerdos internacionales multilaterales), lo que permitió incorporar importantes innovaciones técnicas al campo y articular una industria agrícola que diera buena cuenta de las demandas de productos hortofrutícolas del exterior. En resumidas cuentas, la reforma agraria no es sino un espantajo fantasmal agitado por las fuerzas de la izquierda del capital para aherrojar a los jornaleros a unas reivindicaciones y praxis políticas que le son tan extrañas y ajenas a su condición como la “autogestión” anarquista o el “control obrero” típicamente trotskista.

Claro, que al igual que ocurre con cualquier otra industria, las innovaciones incorporadas al sistema productivo tienen sus propios límites objetivos; y, para superarlos, ha de darse una nueva revolución técnica y tecnológica que se espera como agua de mayo, que se diría coloquialmente. Y sí, precisamente es el agua (su escasez, más bien) la que marca la pauta de los desafíos técnicos que ha de enfrentar la agricultura a nivel internacional[5]. En la última cosecha del olivar en toda España, sin ir más lejos, el volumen de producción ha caído a la mitad respecto al del año anterior (que fue récord) a causa de la escasez de lluvias, según los datos de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA). El portavoz de la organización en la provincia de Jaén, Carlos Valero, sostiene que los últimos años han sido “de una vecería extrema[6], alternando cosechas récord y otras escasísimas”. Y apostilla, “todas las innovaciones técnicas introducidas en el campo han dado buenos resultados hasta ahora, pero estos cambios drásticos en el régimen pluvial nos harán introducir nuevos cambios para lograr estabilizar los niveles de producción año tras año”. Dos días antes de que hiciese estas declaraciones, el periódico Ideal anunciaba el acuerdo entre la Diputación de Jaén y la Universidad de la provincia para mapear el ADN de las tres principales variedades de olivo (picual, hojiblanca, frantoio) y así poder crear un olivo transgénico resistente a enfermedades, como la verticiliosis, que se reproducen en escenarios de falta de agua y altas temperaturas. Que Monsanto aparezca por Andalucía es sólo cuestión de tiempo.

Pero todo lo anterior no debe llegarnos a engaño: “… los problemas derivados de la falta de agua también entienden de clases sociales. Menos lluvias significa menos producción, aunque no necesariamente menos beneficios para el propietario de la tierra”[7]. Debido al aumento de precios, a febrero de 2015 los agricultores de Jaén habían ganado un 4% más respecto al año anterior con la venta del aceite, pese a que la producción había descendido en 50 toneladas. Y lo que también se disparó en esta campaña fue el desempleo agrícola, situado en el 44% y destacando igualmente por su estacionalidad y su precariedad -dada la exposición tan fuerte a los volúmenes de cosecha de cada año.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística del censo agrario de 2009, no llegan a 5.000 el número de trabajadores que están empleados en las explotaciones a tiempo completo durante todo el año. Los fijos a tiempo parcial, por su parte, alcanzan por poco los 31.000. Y son cifras de hace seis años (las últimas disponibles), previas a la crisis económica y a los vaivenes en los niveles de producción del agro andaluz cosechados en los últimos años. Por tanto, el dato hoy en día debe ser aún más bajo. Y luego encontramos esa masa móvil de 500.000 jornaleros que se mueven por toda Andalucía ofreciendo su fuerza de trabajo en las distintas labores de recolección conforme éstas se van sucediendo. Trigo, fresa, naranja y olivo, y vuelta a empezar, con un interludio de casi medio año en el que hay que sobrevivir como sea con el subsidio agrario, u optar por marchar a Francia a las tareas de la vendimia. Esta última campaña especialmente nefasta, a duras penas se han conseguido las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario con el que se intenta paliar la falta de faena durante los meses de siembra y labores subsidiarias. “Hay gente que no llegaba a las 35 peonadas para acceder al subsidio, en especial, las mujeres; pero es que, probablemente, habrá muchos que tampoco lleguen por más que se rebajen a 20”, apunta Andrés Bódalo, secretario provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores en Jaén. Se refiere a la medida de urgencia anunciada por el Ejecutivo nacional de reducir, con carácter de excepción, el número de peonadas para acceder al subsidio agrario hasta las 20. En el escenario de tibia recuperación y amplio desempleo en el que nos encontramos actualmente, la burguesía está repartiendo el trabajo aumentando la velocidad de rotación de la fuerza de trabajo, ahondando en la temporalidad de los contratos. Con estas mismas condiciones conjugadas, en el campo no ha ocurrido lo mismo, como puede entreverse en los datos arrojados por el subsidio agrario: el número de “beneficiarios” del subsidio es el mismo, pese a la reducción de las peonadas necesarias. Son el mismo número de jornaleros, sólo que han podido trabajar menos este año. Si la velocidad de rotación hubiese sido mayor, el número de beneficiarios podría haber aumentado (aunque tampoco mucho, cabe decir).

En tales condiciones, suena muy bien en los oídos de muchos jornaleros la supresión de las peonadas que propone el SAT para acceder al subsidio agrario. Sólo con acreditar que el sello agrícola está pagado[8] y que la vida laboral refleja que los principales ingresos provienen de su actividad como jornalero, un trabajador del campo podría acceder al subsidio sin tener peonada alguna. Como paño caliente está bastante bien, pero siguen sin cargarse los costos del desempleo sobre quienes lo originan: los empresarios del campo (arrendatarios o propietarios de la tierra). Es el Estado capitalista, y no los capitalistas individuales, quienes absorben la mano de obra a través de la redistribución de la plusvalía sobreproducida. Es el Estado capitalista, y no los capitalistas individuales, quienes pagan los miserables subsidios por desempleo. Es el Estado capitalista el que ha descargado a los capitalistas individuales de muchísimos costes indirectos de la reproducción de la fuerza de trabajo, entre los que destacan, sanidad, educación, pensiones, prestaciones por desempleo, bajas por enfermedad,… y un sinfín más de ellos. Y hay que desengañarse: pretender que vuelvan a ser los capitalistas individuales quienes asuman estos gastos es pura ilusión (pues para eso existe, en buena medida, el Estado)… también los socialistas utópicos y anarquistas pretendían regresar a sistemas de producción típicamente feudales en los albores del capitalismo industrial. Y los revolucionarios de la época supieron colocarlos en su sitio, desacreditando sus teorías y la praxis subsiguiente. Similar error estaríamos cometiendo, salvando las pertinentes distancias, si pretendiésemos volver hacia atrás la rueda de la historia. No, la crisis no la van a pagar los capitalistas individuales. La crisis la ha de pagar el capitalismo en su conjunto[9].

No solamente estamos lejos de un escenario de lucha tal, sino que hace algunos años que la conflictividad en el campo andaluz brilla por su ausencia. Las últimas luchas importantes que se recuerdan acaecieron en la Vega del Guadalquivir en los años 2010 y 2011, y algo menor la de 2013. El sector hortofrutícola presenta un recorrido de lucha algo mayor debido a la menor vecería de la producción y a la constancia de la demanda de mano de obra año tras año. En todas ellas, el detonante ha sido el mismo: se pagan salarios por debajo de convenio[10]. La escasa movilización y organización de los jornaleros da anchas castillas a los empleadores para hacer y deshacer a su antojo en relación a los salarios, con miles de posibilidades. La más sangrante es, paradójicamente, la que está rubricada por los grandes sindicatos (y frente a la que los pequeños nunca suelen protestar): el destajo, la puerta trasera de los convenios colectivos. ¿De qué sirve romperse la cabeza en negociaciones sobre las subidas salariales en los convenios de cada región y sector, si todos cuentan con el salvoconducto del destajo para la recolección? La cosa es sencilla: en vez de pagar por hora trabajada, se paga por kilos recogidos. Esto no cambia substancialmente nada, pues el pago en base al kilo recogido/hora trabajada sigue siendo una estimación promedio social relativa a la capacidad productivo de la fuerza de trabajo (como el salario por hora trabajada), sólo que es la mejor artimaña para pagar salarios tipo por debajo de convenio y aumentar la intensidad del trabajo. No se ha inventado nada nuevo. La burguesía sabe cómo pagar menos a los trabajadores desde tiempos inmemoriales.

Y con estos trazos se bosqueja de manera somera la situación de los trabajadores del campo, en particular, del andaluz. Situación que no tiene visos de que vaya a mejorar en el futuro inmediato, aunque tampoco había confianza alguna depositada en ello. El crecimiento económico y el desarrollo técnico ya pasaron por sobre las cabezas de los trabajadores sin que estos apreciaran una mejora realmente sustancial en sus condiciones de trabajo. Y ahora que la crisis económica convierte al campo en un refugio de capitales y mano de obra, los pingües beneficios de los años dorados no revierten sino en más desempleo y precariedad. Pero las contradicciones siguen desplegándose, estallando por doquier aquí y allá. Y sólo una verdadera política de clase que reúna bajo un programa revolucionario a los obreros del campo y de la ciudad podrá hollar verdaderamente el terreno en el que ha de germinar la lucha de clases.

Por Proletario para sí.


[1] Nos ceñimos al campo andaluz por motivos operativos y de proximidad, pero las conclusiones extraídas son validables a nivel internacional, como el capital que las engendra.

[2] Hay una diferencia sutil, pero importante, entre ser señor de una explotación asociada al apellido y linaje que portas, y serlo por mor de un título de propiedad que acredita tu condición, a nivel individual, como poseedor y explotador de la misma.

[3] De otro modo, sería imposible que la Duquesa de Alba o la familia Domecq acumulasen el patrimonio que actualmente ostentan. No se puede vivir permanentemente de subvenciones, por más que el SAT y otras fuerzas de la izquierda del capital se obcequen en baladronar sobre la “falta de riesgo” que asumen los grandes capitalistas del campo andaluz. Con esta técnica deliberadamente zascandil, que no pone las cosas en su lugar, sólo pretenden justificar su política pequeño burguesa de “la tierra para el que la trabaja” y el reparto de tierras entre los jornaleros para convertirlos en pequeños propietarios.

[4] Pasando por caja, se puede adquirir en scribd.com.

[5] Un muy interesante análisis de la situación que atraviesa el campo andaluz en relación a la escasez de precipitaciones y sus repercusiones sobre la agricultura puede encontrarse aquí.

[6] La vecería es propia de los cultivos de secano que alternan cosechas de fruto (gran producción) con otras de flor (en las que la producción desciende ostensiblemente).

[7] Vetusta Morla: la tierra seca.

[8] A razón de casi noventa euros por mes, quien quiera trabajar como jornalero en el campo ha de pagarlo para acceder al subsidio agrario y al Plan de Empleo Agrario (actual Profea, antiguo PER). Cuidado con la lógica que opera aquí: el trabajador paga su parte de la cotización social hasta un año antes de ser contratado, como condición indispensable para poder serlo y que la empresa pague la parte de la cotización que le corresponde durante el tiempo que dure el contrato.

[9] En la recolección de textos sobre la génesis de Comisiones Obreras en Cataluña que hace Díaz Valcárcel en su libro Luchas internas en Comisiones Obreras: Barcelona 1964-1970, aparece brevemente una reivindicación bastante peculiar: absorción de la mano de obra sobrante en las empresas y factorías de la ciudad, en proporción a su tamaño.  Con los diversos planes de inversiones, programas de empleo y obras públicas, el Estado ya asume en buena medida esa tarea (ejemplo perentorio sería el Plan E de Zapatero). Pero incluso cuando no puede arrogarse esta tarea por sí mismo, intenta fomentar la contratación para que las empresas absorban la mano de obra sobrante. Esto brinda ventajas fiscales al empresario (a veces, el mismo Estado paga el salario que él no quiere pagar) y peores condiciones de trabajo y salario al obrero, como estamos viendo en la actualidad. Cabe tener esta realidad en cuenta para apercibirnos de los límites de ciertas reivindicaciones parciales.

[10] Esta información corresponde a la de 2013. Nótese la actitud del alcalde socialista de Palma del Río en relación a la huelga, la meliflua excusa que pone a su férrea condena de la huelga.

Imagen de cabecera: Lydia Molina.