Emprendedores, estafadores (2ª parte)

Después de demostrar en la primera parte de este artículo que en el arte de la evasión fiscal son maestros tanto los grandes empresarios como los pequeños, ahora vamos a ver como el Estado de los patrones, lejos de disuadirlos, les invita a que desarrollen todo su ingenio contable.


El Estado mira hacia otro lado

Lo difícil en España no es desfalcar, sino que el Estado descubra el fraude e intervenga sobre el fraude. Y esta conclusión es aplicable tanto a la configuración misma de los tributos como a la actuación desarrollada por la Agencia Tributaria para detectar, investigar y, en caso de demostrarse, recuperar el dinero defraudado.

Las competencias en materia fiscal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) se dividen en tres departamentos: departamento de gestión tributaria (control extensivo), departamento de inspección tributaria (control intensivo) y departamento de recaudación tributaria. El primero de ellos es el encargado de revisar las declaraciones de impuestos hechas llegar a Hacienda. Según la memoria de la AEAT de 2012, el control extensivo alcanzó a los 528 mil contribuyentes en todo el Estado español. El departamento de inspección, por su parte, se encarga de elaborar los principales perfiles de riesgo de fraude fiscal y actuar sobre ellos. En los últimos años, sus actuaciones se han mantenido en el entorno de las 63.000, con un volumen de fraude aflorado similar ejercicio tras ejercicio. En concreto, el control intensivo logró recuperar 6.000 millones de euros en 2012 según la Memoria de la Agencia Tributaria. Esto es, apenas se logró actuar sobre un 10% del total del capital evadido un año antes, atendiendo a los cálculos hechos por el Sindicato de Técnicos de Hacienda en su III Informe de la Lucha contra el Fraude Fiscal. Este inmenso desajuste entre el dinero desfalcado y el que se ha logrado sacar a la luz es sintomático de las sempiternas dificultades que atraviesa la Agencia Tributaria para perseguir la evasión de rentas con unas mínimas garantías.

En primer lugar, diversas asocaciones y sindicatos han advertido de que los recursos a disposición de la Agencia Tributaria son insuficientes. Sin ir más lejos, la plantilla de la AEAT es la misma que en 1992, en torno a los 27.000 empleados. Un informe de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) titulado Lucha contra el fraude fiscal en España. Deficiencias y medidas necesarias pone de manifesto que el número de ciudadanos por cada empleado de la Agencia Tributaria era de 1.928 en 2009, frente a los 729 de Alemania, los 862 de Inglaterra o los 860 de Francia; tres países con vólumenes de fraude fiscal significativamente inferiores a los de España. Esta misma asociación señala que, para situar a la Administración tributaria española en niveles de los países de su entorno en el ratio población/personal, sería necesario incrementar un 25% la plantilla de la Agencia Tributaria. En concreto, IHE propugna duplicar el número de técnicos e investigadores para adecuarse a los crecientes volúmenes de fraude y las nuevas y más complejas formas que éste tiene de proceder.

Paradójicamente, las mayores dificultades que soporta Hacienda para enfrentarse al fraude fiscal recaen en el pilar maestro de su actuación en este ámbito, en el departamento de inspección. Y la urgente necesidad de más personal es una de ellos, la más importante con diferencia, pero no la única. Julio Villalobos, responsable de la Jefatura de la Unidad de Planificación de la delegación especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en Andalucía, apunta que los inspectores deben cumplir año tras año una serie de objetivos en forma de actuaciones homogéneas, que en 2012 se fijaron en 500 mil. “La actuación homogénea es una medida estándar de la complejidad de la actuación, así que un único contribuyente puede suponer 600 actuaciones, por ejemplo”. La Organización Profesional de Inspectores y Técnicos de Hacienda considera “excesiva” la cantidad de intervenciones que se marcan como meta año tras año, lo que, unido al escaso número de inspectores en relación al número de contribuyentes y el tiempo de trabajo que emplean aquellos para tareas administrativas durante su investigación, hacen transmutar su presumible actuación indagatoria por una comprobación superficial -al más puro estilo del departamento de gestión tributaria- de la adecuación entre los registros contables y los ingresos declarados. “Una actuación de la Inspección para combatir el fraude debe estar dirigida de forma prioritaria al descubrimiento de los ingresos ocultos y de los fraudes más graves, que requiere un componente importante de investigación, por lo que no basta la mera comprobación de lo declarado”, señalan los técnicos de Hacienda. Los empresarios y el resto de defraudadores lo tienen tan fácil como ajustar sus libros contables a los ingresos declarados al fisco.

Es un lugar común considerar que la pequeña empresa y el trabajador autónomo se encuentran más sometidos al control de la Agencia Tributaria en beneficio de la gran empresa y las grandes rentas. Lo cierto es, sin embargo, que a ni unos ni otros parece alcanzar el largo brazo de Hacienda, aunque sea por motivos distintos. El mito del pequeño empresario vigilado por el fisco como si en un mundo orwelliano viviese queda rápidamente desarticulado por el encargado de la Unidad de Planificación de la AEAT en Andalucía: “el departamento de gestión tributaria tiene una importantísima limitación competencial que le impide reclamar y examinar contabilidades, por lo que toda sospecha se traspasa a la inspección, que es la que debe intervenir”. Y ésta actúa únicamente en aquellos ámbitos en los que existe un volumen de fraude significativo. “Estadísticamente, la pequeña empresa se comprueba bastante poco”, recalca Villalobos. En 2012, se llevaron a cabo 60 mil actuaciones que lograron hacer emerger algo más de 6.000 millones de fraude. Cada acta administrativa levantada, cada propuesta de liquidación de la deuda generada con Hacienda, lo hacía por un importe medio de 100.000 euros. “Hace falta cierto volumen de actividad económica para generar en cuatro años (periodo máximo de prescripción del delito) tal cantidad de deuda con Hacienda”, puntualiza el responsable de la Unidad de Planificación de la delegación especial de la AEAT en Andalucía.

Por su parte, diversos colectivos de técnicos e inspectores de Hacienda señalan que también existe una falta de medios alarmante en la inspección a las grandes rentas (grandes empresas y fortunas). “En España, existen empresas que nunca han sido investigadas”, señala la Organización Profesional de Técnicos de Hacienda (IHE) en el documento Problemas de la Agencia Tributaria en su lucha contra el fraude fiscal. A lo anterior se suman también las operaciones de ingeniería fiscal que se desarrollan con total impunidad y la escasa tributación de las filiales en España de empresas internacionales que trasladan los beneficios generados aquí a países con menor carga impositiva.

Sea como fuere, la Administración tributaria no controla ni a pequeños ni a grandes empresarios. Entonces, se hace absolutamente indispensable responder a esta pregunta: ¿a quién vigila Hacienda? Y los técnicos del fisco responden inmediatamente: a las rentas derivadas del trabajo asalariado y a las del capital inmobiliario. Por imposibilidad legal (esto es, por interés político), por falta de recursos o por la conjunción de ambas, el resto de contribuyentes no atraen el interés de Hacienda.

Acumular evadiendo, promover a sabiendas 

Las lecciones a extraer hasta este punto son que los empresarios españoles, en la medida de sus posibilidades y del tamaño del capital que movilizan, evaden impuestos, y que lo consiguen gracias a la arquitectura misma de los gravámenes a los ingresos de su actividad económica, mientras que Hacienda sólo se dedica a mirar, con impotencia y desazón en unos casos, de manera cómplice en otros. Sea como fuere, el fraude fiscal se le escapa a su control, puesto que su misma existencia, extensión y profundidad van más allá de la voluntad política que se vuelque en su persecución. En tanto que la suerte del Estado acabó soldando férreamente sus ataduras a la del capital nacional desde el periodo de entreguerras (convirtiéndose en el eje dinamizador de la inversión, absorbiendo mano de obra desempleada, redistribuyendo la riqueza generada con la economía de guerra) como señala magistralmente Paul Mattick en su obra Marx y Keynes. Los límites de la economía mixta; el fraude fiscal es una asignatura pendiente de los “consejos de administración de la burguesía” (nombre en tono de sátira que dio Carlos Marx al Estado nacional) que no tienen propósito de aprobar ni en este curso, ni en el próximo, ni tan siquiera a varios lustros vista.

El capital nacional requiere, en buena medida, de la evasión de impuestos. Es más, la evasión de impuestos es consubstancial al sistema capitalista mismo. “Del mismo modo que el pillaje, el robo y el comercio con esclavos constituyen la base de la reproducción primitiva del capital, el origen del capitalismo; el fraude fiscal sirve para la reproducción ampliada del mismo, para su acumulación”, afirma Juan Torres, Catedrático de Economía aplicada por la Universidad de Sevilla. En términos marxistas, la acumulación del capital se entiende como el incremento exponencial de los medios de producción movilizados por los capitalistas individuales en cada ciclo económico, dinámica posibilitada por el aumento de la Composición Orgánica del Capital (sustitución del hombre por la máquina, en resumidas cuentas) y el incremento de la Tasa general de Ganancia (relación entre el plusvalor obtenido con el trabajo no pagado a los obreros y la maquinaria y materias primas adquiridas). En la competencia entre capitalistas individuales, más salvaje y feroz conforme la crisis económica se recrudece, es necesario emplear cualquier ardid para lograr mantenerse a flote. Ello incluye la evasión fiscal en no pocos casos, pues así el capitalista tendrá una mayor cuantía líquida para reinvertir o rentabilizar en los mercados financieros. “El hecho de que Apple sea una de las compañías con más cash del mundo tiene que ver con la evasión fiscal y con que grandes multinacionales como ésta no tributan sus beneficios allí donde les corresponde”, refrenda Juan Torres. La evasión fiscal posibilita a los capitales su propia y necesaria acumulación. Más pequeños o más grandes, todos los capitales necesitan reproducirse y ampliarse; y evitar los impuestos si estos resultaran un obstáculo para su crecimiento.

La acumulación del capital es una de las leyes fundamentales de la organización social de la producción capitalista. Y de ella se deriva un segundo principio rector: la concentración del capital, la ruina de los pequeños capitalistas y su proletarización por el imparable crecimiento del gran capital, que va absorbiendo los recursos productivos en manos de aquellos que no fueron capaces de adaptarse y soportar los embites de la competencia. Pero como afirmaba Rosa Luxemburgo en su libro La acumulación del capital, o lo que los epígonos han hecho con la teoría de Marx, el proceso de concentración no es mecánico ni lineal. En los intersticios de la actividad del gran capital, en el reguero de hoquedades dejadas tras de sí, afloran pequeños capitales que operan en nuevos sectores, o vuelven sobre los anteriores, con nuevas técnicas productivas, con nuevas máquinas y herramientas con las que perfeccionar la explotación del trabajo asalariado para restituir la Tasa general de Ganancia y reemprender la acumulación. Por ello es que el emprendimiento se ha convertido en una suerte de nueva moda, como se afirmaba al principio. No es por casualidad que emprender sea una actividad al alza en los países que más están sufriendo la crisis económica. Es fruto de la necesidad histórica de reemprender la marcha acumulativa del capital que los poderes públicos tratan por todos los medios de impulsar el emprendimiento, de reanimar la inversión productiva haciendo aflorar cualesquiera de los recursos económicos privados disponibles y transformarlos en capital.

Un escenario de contracción económica como el vivido en el Estado español por culpa de la crisis económica global no parece el más propicio para poner en marcha una empresa, al menos, eso dicta el sentido común. La evolución del Producto Interior Bruto español se revela, a la postre, bastante elocuente: si en 2007, la economía nacional crecía a ritmos del 3,5%; en 2008 redujo su marcha hasta aumentar apenas un 0,9% para, acto seguido, desplomarse cuatro puntos y medio y entrar en valores negativos. Entre el comienzo de la crisis económica y el último año del que el Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene registro del PIB español, la actividad económica descendió un 27%. No es un escenario nada halagüeño para aventurarse a poner en marcha una empresa o realizar cualquier actividad económica por cuenta propia; no obstante, los gobiernos y las autoridades políticas nacionales y europeas insisten hasta la náusea en la importancia que cobran los emprendedores en economías desarrolladas, lastradas por los rigores de la crisis económica, pues son ellos la nueva fuente de riqueza y empleo que devolverá la prosperidad perdida. Y algún resultado están obteniendo.

Los más de doscientos mil negocios clausurados en España desde 2009, conforme la dinámica ascendente y descendente de la acumulación del capital que apuntaba la marxista Rosa Luxemburgo, han generado espacio para nuevos proyectos empresariales deseosos de triunfar allí donde sus predecesores perecieron. Además, la fuerte retracción de la inversión pública en múltiples sectores (sanidad, educación, dependencia y otros), sumada a una conveniente adaptación legislativa, permitirá la afluencia de capitales privados a ámbitos productivos que antes les estaban vetados. Sin ir más lejos, el 40% del autoempleo generado en el año 2013 fue absorbido por aquellos tres sectores más castigados por los recortes del gasto público: educación, sanidad y servicios sociales. La mayor alza corresponde al primero de ellos, con un aumento interanual del 7,6%, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En el ámbito académico, sólo el gasto público de la Administración central consignado en los Presupuestos Generales del Estado se ha reducido 44 puntos entre 2010 y 2013. La sanidad y los servicios sociales han seguido a la zaga en el incremento del trabajo por cuenta propia, con un 6,6% más de autonómos empleados en estos sectores.

Créditos públicos, medidas de incentivo fiscal, modificaciones legislativas, creación de infraestructuras públicas de asesoramiento profesional,… todo un zafarrancho de medidas puestas en marcha por los Estados, esos “consejos de administración de la burguesía” a los que se refería Marx, para ungir con dinero público el alumbramiento de nuevos capitales privados. Para el conjunto de los países de la Unión Europea, la Estrategia Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 marca la pauta de las políticas de estímulo al autoempleo  que se están llevando a cabo (y que se completan/complementan con leyes y normativas en el marco competencial nacional, como las dos leyes de emprendedores 11/2013 del 26 de julio y 14/2013 del 27 de septiembre puestas en marcha por el Ejecutivo nacional). Según recoge el sitio web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, este plan está dotado con 11.272 millones de euros, que se completarán con otros 3.485 millones por si la actuación prevista alcanza los objetivos fijados. Por establecer un paralelismo, entre 2010 y 2013 se han recortado en las partidas para Sanidad y Educación recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (que no consideran, por tanto, la desinversión de las comunidades autónomas en tales ámbitos) 2 mil millones de euros, una quinta parte de la dotación para la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016.

Los recursos públicos están siendo empleados, por tanto, para espolear la inversión y el crecimiento de los capitales privados. Esta transferencia de recursos públicos al ámbito privado, paradojas de la vida, es considerada como “positiva” por quienes se han habituado a bramar y romperse las vestiduras en protesta por el “vergonzoso expolio a la sociedad española” perpetrado con el adelgazamiento del sector público, vía política de privatizaciones y liquidaciones de activos en empresas participadas por el Estado, para entregar en bandeja de plata la antigua propiedad estatal a los grupos privados. Prohombres del keynesianismo melifluo, como Juan Torres, consideran que el Estado debe incentivar el emprendimiento con dinero público porque “la iniciativa estatal debe de dotar de medios al emprendedor, que requiere de capital para poner en marcha su actividad”. Para el catedrático de Economía aplicada por la Universidad de Sevilla y miembro de Attac (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana), “está perfectamente justificado y es positivo” que el Estado arrime el hombro con dinero público para retomar la senda de la acumulación capitalista únicamente si su tarea beneficia al pequeño capital. En la cosmogonía articulada por Juan Torres, los emprendedores parecen abocados a un proceso teriomorfístico por el que se convierten, mutatis mutandi, en los caniches de la organización social de la producción capitalista: incapaces de crecer y adorables a todas luces por ello.

Pero el pequeño capital también acumula e incrementa su tamaño. El Estado mismo se encarga de darle de comer y le incentiva a que busque alimento. Pero éste también sabe rastrear y olfatear. Los pequeños empresarios evaden impuestos en una proporción cada vez mayor conforme crece el ritmo del proceso acumulativo. Así pues, el Estado financia el emprendimiento a sabiendas de que el dinero invertido no se recuperará mediante la presión tributaria, que los ingratos pequeños empresarios no participarán en el «justo retorno» que correspondería a la devolución de los favores prestados por la Administración a costa de los recursos devengados a todos los ciudadanos. Más aún, parte de la política de apoyo al emprendedor se articula en base a la reducción de la carga fiscal y de cotizaciones a la Seguridad Social, sobre todo en materia de contrataciones, como queda patente en las últimas leyes sobre emprendimiento. De tal modo, el Estado español no sólo no persigue el fraude fiscal, sino que, con su política de apoyo al autoempleo, lo incentiva, lo extiende y profundiza.

Los emprendedores estafan. La Administración tributaria observa impertérrita. El Estado calla y transige.

 

Por Proletario para sí.

2 thoughts on “Emprendedores, estafadores (2ª parte)

Los comentarios están cerrados.