Emprendedores, estafadores (1ª parte)

No es oro todo lo que reluce, pero sí lo que se esconde al fisco. Asalariados y pensionistas doblan los ingresos de autónomos y pequeños empresarios, según los datos de recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El descenso de las rentas tributadas por los trabajadores por cuenta propia han sido una constante desde 1993, incluyendo el largo periodo de bonanza económica que vivió España en el cambio de siglo. Hacienda se mueve entre la impotencia y la complacencia a la hora de hacer frente a este fraude “estructural y masivo”. Las políticas de impulso al emprendimiento, articuladas en base al crédito accesible y las bonificaciones fiscales, ahondarán más todavía en el fraude tributario. 

Por Proletario para sí, abril de 2014.


Emprender está de moda. Y bien visto. Y cada día resulta más fácil poner en marcha una empresa, que cada cual se convierta en su propio jefe y desarrolle, bajo su entera responsabilidad, una actividad económica. Sin ir más lejos, 2013 ha sido el primer año de crisis económica que ha concluido con un incremento en el número de trabajadores por cuenta propia registrados en la Seguridad Social. En el último trimestre del 2013, la Encuesta de Población Activa (EPA) contabilizaba 3.034.600 autónomos. En términos interanuales, este colectivo se anotó un incremento del 0,25% respecto al 2012.

Curiosamente, los rigores de la crisis económica parecen no haber tenido tanto efecto en la destrucción del empleo por cuenta propia como lo han tenido en el trabajo asalariado, pues desde 2009, el número de autónomos sólo ha estado por debajo de los tres millones un único trimestre; mientras que millones de puestos de trabajo por cuenta ajena han sido destruidos desde entonces. Bien sean las oportunidades que ofrece en estos momentos una economía que no termina de salir de la recesión o la necesidad misma de poner en marcha un negocio propio ante la falta de oportunidades del mercado laboral, lo cierto es que emprender está a la orden del día y se está convirtiendo en un valor en alza incluso desde la óptica del reconocimiento social. Pero más elevado que el prestigio social del emprendedor se encuentra el nivel de evasión de impuestos y estafa a Hacienda en este colectivo.

Según los datos ofrecidos por el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) en su III Informe sobre la Lucha contra el Fraude Fiscal, trabajadores autónomos, pequeños empresarios y profesionales liberales declaran de media al fisco a través del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) un 50% menos de ingresos que asalariados y pensionistas: 9.685 euros para los primeros frente a los 19.262 euros de los segundos en el año 2011, el más reciente ejercicio fiscal disponible en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). En otras palabras, los trabajadores por cuenta propia y los pequeños empresarios no superan en la actualidad la barrera del «mileurismo».

Los datos no admiten controversia. Las interpretaciones acerca de los mismos son de lo más dispares, pero quienes tratan de dar una justificación exculpatoria, como las mismas organizaciones patronales, suelen aferrarse a la crisis económica y a la falta de crédito que sufren estos colectivos; dos dimensiones que, a la postre y como es bien sabido, se encuentran profundamente interrelacionadas. El Barómetro del Observatorio del Trabajo Autónomo concerniente al primer trimestre de 2014 afirma sin remilgos que el descenso en ventas y las dificultades de acceso a financiación provocan el derrumbe del negocio para el 52,6% de los trabajadores por cuenta propia. A tenor de los resultados tributarios recogidos más arriba, se colige que quienes logran mantenerse a flote sufren igualmente los estragos de la recesión económica, por lo que ven menguar sus ingresos por desarrollo de una actividad económica. O eso es lo que debería concluirse de no ser porque la realidad es tozuda y obliga a replantear la perspectiva de análisis de tan peculiar fenómeno.

La brecha de ingresos entre PYMEs y autónomos, por un lado, y asalariados y pensionistas, por otro, no ha dejado de crecer desde 1993, desde que la propia Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) comenzó a operar y a encargarse de la recaudación de tributos en el conjunto del Estado español.

 

Evolución de los rendimientos netos declarados (en miles de €)
Asalariados y pensionistas PYMEs y autónomos
1993 11.647 9.201
2007 18.400 13.525
2009 19.359 11.036
2011 19.262 9.685

Fuente: III Informe de la Lucha contra el Fraude Fiscal (Gestha).

La serie histórica apunta a que las diferencias entre trabajadores asalariados y pequeños empresarios han crecido más de un 50% a la vuelta de una década y media, coincidiendo con un largo periodo de bonanza y estabilidad económicas en el que el Producto Interior Bruto (PIB) se incrementaba año a año a un ritmo situado en el entorno de los 3.5 puntos. José María Mollinedo, secretario general de Gestha, se mostraba jocosamente taxativo cuando daba a conocer las conclusiones de la investigación de su organización en 2011: “No es creíble que, en los últimos años, coincidiendo con un periodo de crecimiento económico sostenido, un asalariado o pensionista cobrara más que un pequeño empresario, un arquitecto o un notario”. Y añadía: “¿Quién iba a emprender un negocio para ser mileurista?” En tales circunstancias, por tanto, no hay crisis económica tras la que parapetarse para dar justificación a lo que no la puede encuentran en ella.

No obstante, si por un momento se admitiera la veracidad de tales datos, aun como ejercicio hipotético; esto es, si se creyera que, en efecto, autónomos, profesionales liberales y empresarios perciben realmente los emolumentos que declaran a Hacienda, la economía española se encontraría sumida en una insólita paradoja. A día de hoy, en el Estado español hay en torno a diecisiete millones de personas ocupadas, de los cuales tres millones son profesionales liberales, autónomos y empresarios -ocupados que desarrollan una actividad económica no asalariada en definitiva, como consta en la Encuesta de Población Activa- y los casi catorce millones restantes son asalariados. De estos últimos, cuatro millones trabajan para empresas con un tamaño superior a los 250 trabajadores, siendo el resto empleados de las medianas, pequeñas y microempresas. Según la Memoria Anual de la Inspección de Trabajo de 2012, el 95,2% del tejido productivo español lo componen organizaciones empresariales de menos de 26 trabajadores (aquí se engloba también a la persona física que desarrolla una actividad económica, pues puede tener asalariados a su cargo). En el Estado español, a las obscenamente manoseadas siglas de “PYME” le sobrarían dos letras. La mayoría de las empresas nacionales de menor tamaño ni siquiera se han constituido como una entidad jurídica independiente de su dueño; y cuando lo hacen, el socio o los socios cotizan sus usufructos por el IRPF como cualquier otra persona que desempeña una actividad comercial bajo su entera responsabilidad civil.

En resumidas cuentas, el paroxismo del absurdo de querer creer que autónomos y pequeños empresarios se endosan sólo las rentas declaradas al fisco estriba en que, de darse realmente una situación tal, los trabajadores asalariados del Estado español llevarían dos décadas cobrando más (el doble, de hecho) que sus propios jefes o patronos.

Un fraude «estructural y masivo»

En principio, los expertos en materia tributaria apuntan a que entra dentro de la lógica tributaria que el fisco recoja unos ingresos de autónomos, profesionales liberales y empresarios que no han constituido una sociedad inferiores a los emolumentos netos realmente obtenidos por su actividad. Existen multiplicidad de gastos deducibles para tales colectivos que reducen significativamente la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, esto es, la cuantía sobre la que se aplicarán los tipos del tributo que correspondan al efecto. La propia arquitectura del IRPF contempla un sinnúmero de casuísticas a partir de las que se aplican tales rebajas de la base imponible, como lo hace igualmente la del Impuesto sobre Sociedades. Es más, los gastos deducibles para cualquier persona que desarrolle una actividad económica recogidos en la Ley del IRPF remiten a los ya contemplados en la Ley sobre Sociedades. Si la reducción de la base imponible de los tributos se suma a los problemas que se arguyen de habitual y que ya han sido señalados con anterioridad, a saber, la crisis económica y la falta de liquidez, se habrá configurado la coartada perfecta para explicar la brecha de ingresos declarados que se ahonda más y más en la sucesiva concatenación de los ejercicios económicos.

No obstante, “la crisis económica y las deducciones por los distintos gastos de un negocio explican las diferencias de ingresos sólo parcialmente”, señala Antonio Cubero, Catedrático de Derecho Tributario por la Universidad de Sevilla. Conforme a la configuración del sistema fiscal español, las rentas del trabajo están sometidas a un férreo control por parte de la Administración tributaria, posibilitado gracias a la arquitectura misma del IRPF, al tiempo que impide a las mismas cualquier desgravación en la cuantía de su tributación. Por tanto, los datos de la AEAT sobre las rentas del trabajo reflejan a la perfección los emolumentos percibidos regularmente por los asalariados. El panorama cambia significativamente cuando se aborda el resbaladizo campo de los rendimientos derivados de actividades económicas emprendidas por personas físicas.

“Los empresarios en España no declaran la totalidad de los ingresos que perciben. En líneas generales, se declara sólo aquello que está bajo estricta viligancia de Hacienda”, apunta Cubero.  Por supuesto, la evasión fiscal se extiende a otras figuras impositivas más allá del Impuesto sobre la Renta y el de Sociedades, pero ambos son los que más peso adquieren respecto al conjunto del capital defraudado. Para 2011, año en el que el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) hizo público su III Informe sobre la Lucha contra el Fraude Fiscal, la cuantía del fraude fiscal en el Estado español ascendía a más de setenta mil millones de euros, frente a los treinta mil millones de euros a los que se limitaba el fraude laboral, esto es, el relativo a las cotizaciones a la Seguridad Social. De los setenta mil millones de euros evadidos, un nada desdeñable 27% correspondía a los trabajadores por cuenta propia y pequeños empresarios; aunque el mayor volumen de fraude corría a cargo de las grandes empresas y los grandes patrimonios. Por tanto, 41.582 empresas acaparaban cincuenta mil millones de euros no regularizados frente a los poco más de dieciséis mil millones evadidos por los millones de pequeñas y medianas empresas que articulan la práctica totalidad del tejido productivo español. Proporcionalmente, no hay punto de comparación entre ambos casos. Pero lo preocupante del fraude fiscal en autónomos y pequeños empresarios no es la cuantía total del fraude, sino su extensión y reproducción en el tiempo.

Evadir impuestos es fácil si sabes cómo

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades son las principales figuras impositivas que gravan las actividades económicas de particulares y empresas, y que, a la postre, han resultado ser responsables de primer orden del fraude fiscal en el Estado español. Ambas figuras recaudatorias guardan importantes semejanzas entre sí, al haber sido concebidas para gravar operaciones regidas por la misma lógica y objetivos, diferenciadas única y exclusivamente por el montante en circulación sobre el que se aplican.

El IRPF grava cualquier ingreso que pueda obtener un residente en el Estado español. La normativa vigente distingue hasta un total cuatro categorías de renta distintas sobre las que se aplica el grávamen: rendimientos del trabajo por cuenta ajena (incluyendo las pensiones), rendimientos del capital inmobiliario, ganancias/pérdidas de patrominio y rendimientos por el desempeño de actividades económicas. El último concepto nos remite a la figura del trabajador autónomo, quien dispone de dos procedimientos para cotizar: el sistema de estimación directa y el sistema de estimación objetiva, también conocido como tributación por módulos. Dependiendo de cual se utilice, la base imponible del tributo se calculará de una manera u otra. En ambas modalidades, las posibilidades de esconder ingresos al fisco son bastante amplias; si bien es cierto que el procedimiento para tal fin varía y que el riesgo asumido es mayor en el primer caso respecto al segundo.

Las operaciones de los trabajadores independientes por estimación directa con empresas permiten a estas últimas aplicar deducciones por gastos de la actividad, por lo que suelen encontrarse perfectamente reguladas. No obstante, el autónomo puede esconder al fisco los ingresos percibidos por casi cualquier relación económica que haya establecido con un particular si a este último no le permite aplicarse ninguna rebaja en la base imponible del IRPF. Este proceder es posible porque la estimación directa obliga al empresario a llevar un registro de entradas y salidas de caja, en fin, una contabilidad que no siempre resulta práctica en el caso de bajos volúmenes de actividad. En tales casos, la Administración tributaria queda a expensas de la información reflejada en el libro contable elaborado por el autónomo para determinar si ha existido o no posible evasión fiscal. Hacienda pone en manos del potencial defraudador la decisión de dar constatación o no a todas las operaciones económicas que desarrolle; lo que, en la praxis, supone la concesión de la potestad última sobre evadir o no impuestos. En este caso, la información sí es poder. Es poder defraudar a Hacienda con mayores garantías de impunidad.

Por supuesto, la unilateralidad de la información que maneja el fisco no es tan acusada como pudiera parecer en principio. Hacienda no cuenta únicamente con el registro de las operaciones del empresario, sino que esos datos se cruzan con otros tantos a disposición de las diferentes administraciones (Seguridad Social, Justicia). Pero mientras la elaboración de la información primaria quede en manos de los dueños de las empresas, mientras estos sean juez y parte de la evasión fiscal, el Estado se aboca a una fútil escalada de mejora y perfeccionamiento de sus métodos, técnicas y herramientas de combate del fraude; pues la resuelta disposición de los empresarios a eludir al fisco siempre los mantendrá un paso por delante en esa incesante y extenuante persecución. Y ahí estriba uno de los mayores problemas relacionados con la evasión de impuestos: con los balances contables en manos de los empresarios, el fraude fiscal sólo puede perseguirse, nunca atajarse.

El mayor despropósito llega, no obstante, con el sistema de estimación objetiva o de tributación por módulos. Para el Catedrático de Derecho Tributario por la Universidad de Sevilla Antonio Cubero, el mismo fue creado por la Administración pública en 1992 para que tanto los pequeños empresarios como el propio fisco saliesen beneficiados: el autónomo se ahorraba los sobrecostes en tiempo y dinero derivados de un posible asesoramiento externo a la hora de llevar adelante la contabilidad; mientras que Hacienda evitaba tener que apostar un técnico investigador a las puertas de cada empresa. La estimación objetiva no computa los movimientos de caja, sino que fija el rendimiento neto de la actividad (sobre el que se aplican ciertas deducciones para obtener así la base imponible) en base a unos parámetros objetivos y más o menos estables en el tiempo, como el personal asalariado, los metros cuadrados del local empleado, la potencia de electricidad contratada, etcétera. Siendo así, el empresario deja de declarar a Hacienda lo que verdaderamente ingresa para pasar a tributar conforme a otras variables.

“El sistema de estimación objetiva aporta cierto aliciente para desfalcar en el punto y hora en el que el empresario deja de cotizar por los ingresos percibidos”, apunta Antonio Cubero. Frente a lo que ocurría con los trabajadores independientes que tributan por estimación directa, aquí el trabajador por cuenta propia puede generar facturas falsas para otras empresas y autónomos puesto que no tiene que registrarlas. “El beneficio es mutuo”, explica el profesor de la Universidad de Sevilla, “el primer autónomo genera impunemente una factura falsa que no aparecerá en ningún lado, salvo en las deducciones de la base imponible a aplicar en el caso del segundo autónomo o empresa con la que actúe”. El primero se endosa irregularmente un porcentaje de la cuantía reflejada en la factura por fingir una operación que nunca se ha producido, y el segundo se desgravará más dinero del que realmente ha gastado en tal simulación.

Tal dimensión ha alcanzado el fraude fiscal mediante esta sencilla argucia que el Gobierno español se ha visto obligado a intervenir. La próxima reforma fiscal que prepara el Ejecutivo de Mariano Rajoy prevé la expulsión de 300.000 de los 700.000 autónomos que tributan por el sistema de módulos, limitado únicamente a quienes operen con el consumidor final, es decir, con quien no pueda emplear las facturas falsas para aminorar la base imponible del IRPF o del Impuesto sobre Sociedades.

Cualquier empresa con personalidad jurídica propia e independiente de los socios que la integren tributa mediante el Impuesto sobre Sociedades. Al igual que en el IRPF de quienes desarrollan una actividad económica, la base imponible del tributo se fija conforme al rendimiento neto del ejercicio económico correspondiente, esto es, por la diferencia entre ingresos y gastos. Sobre esa base imponible se aplica un tanto por ciento de 30 puntos, que se rebajan hasta los 25 en el caso de pequeñas y medianas empresas. Hasta aquí, el funcionamiento teorético del Impuesto sobre Sociedades, que poco o nada tiene que ver con la realidad.

Las empresas no tributan por sus beneficios reales. Para calcular la base imponible del impuesto, se aplican tres tipos distintos de reducciones del resultado neto, a saber: ajustes por consolidación, compensaciones por bases imponibles negativas en ejercicios anteriores y correcciones al resultado. Con las diferentes causísticas que cada cateogría conjuga, la cuantía sobre la que se aplica el tributo se reduce significativamente. Según los datos recogidos por Manuel Lago en el informe de la Fundación 1º de Mayo, Impuesto sobre Sociedades, principal responsable de la crisis fiscal en España, entre 2006 y 2011, los beneficios empresariales se redujeron en un 80% mientras que la base imponible del tributo lo hacía en un 160%. El montante sobre el que se aplica el tipo impositivo se desplomó a una velocidad dos veces superior a la de los ingresos netos de las empresas para el mismo periodo de tiempo. Para 2011, la cuantía de cotización del Impuesto sobre Sociedades no alcanzaba las dos terceras partes del total de los beneficios generados, y eso que la tendencia al incremento del volumen de las reducciones se frenó en seco ese año después de no haber dejado de aumentar desde 2006.

 

Del resultado contable a la base imponible (en millones de €)
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Resultado contable 209.642 218.019 182.157 182.076 156.835 115.852
Deducciones -30.610 -40.505 -70.555 -82.775 -80.433 -46.746
Base imponible 179.032 177.514 111.602 99.301 76.402 69.106

Fuente: Informe de la Fundación 1º de Mayo. El impuesto sobre Sociedades, principal responsable de la crisis fiscal española.

Como se puede comprobar, los beneficios y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades no se ajustaron a las leyes de la física en situaciones de gravedad cero. No cayeron en el vacío, por eso no tocaron suelo a la misma vez. Los ingresos netos de las organizaciones empresariales comenzaron a menguar en 2008, descendiendo un 19% respecto a los resultados de 2007. La variación interanual de las reducciones del balance para ese mismo año superaba el 42%. En 2007, último año de incremento de los beneficios, este porcentaje se situaba ya en 24 puntos. Por tanto, las empresas han estado tributando por un porcentaje de los usufructos generados por su actividad cada vez menor.

Pero aquí no acaba todo, puesto que la base imponible es sólo el primer paso para obtener la cuota íntegra que, en este caso sí, es la cuantía sobre la que se aplica el tributo. Si en el IRPF existían multitud de deducciones fiscales a aplicar sobre la base imponible, en el Impuesto sobre Sociedades (del cual bebe el anterior) tales vericuetos fiscales no sólo se reproducen, sino que se amplían y profundizan en el alcance de su aplicación. Así pues, el Impuesto sobre Sociedades tiene dos importantísimas fugas recaudatorias que permiten a las empresas retirar de la devengación tributaria una buena parte de los beneficios obtenidos. De ahí que se haya convertido en una figura impositiva marginal. En 2011, último año del que se tienen datos, el peso recaudatorio de este impuesto en relación a los demás (IRPF, IVA, Impuestos Especiales) no era más que de un 8%. Y la reforma fiscal que prepara el Ejecutivo nacional prevé una reducción aún mayor de los tipos impositivos que se aplican sobre el Impuesto sobre Sociedades con objeto de estimular la inversión y la reactivación económica aliviando a las empresas de una carga fiscal que, a la luz de lo reflejado más arriba, no soportan.

Todas estas operaciones de ajuste para limitar el alcance de la aplicación sobre los ingresos de las empresas del Impuesto sobre Sociedades son perfectamente legales y están contemplados en la normativa vigente. Por tanto, no podemos hablar de fraude fiscal si una organización empresarial, después de reducciones y deducciones, tributa al 5% respecto al total de sus ingresos y no al 30% o al 25% que le correspondería. Todavía hay margen para reducir aún más la carga fiscal, aunque ya sí suponga tener que saltarse la ley y correr algún riesgo. En comparación con las argucias de autónomos y pequeños empresarios, capitales de mayor tamaño requerirán de unos mecanismos de elusión fiscal más complejos y sofisticados, puesto que el montante del dinero defraudado será, evidentemente, exponencialmente superior al que pueden evadir los capitales más pequeños.

En resumidas cuentas, si autónomos y gerentes de PYMEs sólo son responsables del 27% del total del fraude fiscal en España, es exclusivamente por el menor volumen del capital movilizado, pues su capacidad de maniobrar fraudulentamente irá en proporción al mismo. Pero tanto el IRPF como el Impuesto sobre Sociedades contemplan en su mismo diseño escenarios que hacen posible la evasión fiscal. O dicho con otras palabras: la voluntad política en estas figuras impositivas cristalizada da pábulo a que los empresarios de todos los tamaños jueguen a esconder sus ingresos a Hacienda.

 

Continuará.

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